- Alcaldes piden a la CEDHA que revisen el caso del hijo de la presidente de San José de Gracia
- Al Congreso del Estado pedirán que se revise la permanencia de Jesús Figueroa Ortega
Alcaldes de los once municipios de estado presentan queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA) al solicitar que se revisen los procedimientos que sigue la Fiscalía General del Estado, pues recientes actos contractuales y ex funcionarios públicos pueden ser reflejo de una persecución política. La presidente municipal de la capital, María Teresa Jiménez Esquivel, inclusive acusó de haber una persecución política hacia las mujeres de la vida política.
Lo anterior se detonó después de que el domingo se cateara el domicilio de la alcaldesa del municipio de San José de Gracia, María Cristina López González, debido a que se especulaba que ahí vendían drogas.
Armando Rodríguez Domínguez, esposo de la presidente municipal y exalcalde del municipio, detalló que policías ministeriales sí llegaron con una orden de cateo, desde luego emitida por un juez y acusando a José Fernando Rodríguez López, hijo del matrimonio, y él mismo de dedicarse al narcomenudeo.
Descartó que los policías ministeriales haya perjudicado a algún integrante de la familia físicamente o hayan provocado algún daño a la propiedad.
A la reunión con el ombudsman Asunción Gutiérrez Padilla, asistió desde luego Armando Rodríguez, Teresa Jiménez; así como Cuauhtémoc Escobedo Tejada, alcalde de Pabellón de Arteaga, Omar Israel Carrillo de Tepezalá, Juan José Lozoya de San Francisco de los Romo, Juan Luis Jasso Hernández de Asientos y José Antonio Arámbula de Jesús María.
Los alcaldes pidieron a la CEDHA que se revise la carpeta de investigación promovida por la Fiscalía General del Estado y de haber elementos que acrediten una violación a los derechos humanos, que se sancionen a los responsables.
“Queremos estar completamente seguro que los temas de impartición y administración de la justicia se hacen libres de tintes políticos, queremos refrendar nuestra plena confianza en las instituciones y quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar lo hagamos apegados a la ley”, comentó Jiménez Esquivel.
La alcaldesa del municipio capitalino agregó que se ha hecho común que la persecución política a figuras de la política, en particular a las mujeres, ejemplificando los casos de las exregidoras Hazel Montejano y Karla Cassio; además de un supuesto acoso contra la diputada Karina Banda Iglesias.
Los alcaldes previeron una posible reunión con el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, pues dicen llamarles la atención que frecuentemente se investigue a alcaldesas, regidores y diputados locales.
Además señalaron que es el Congreso del Estado quien tendrá que analizar la remoción de Figueroa Ortega, así como el análisis de la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial.
“También los alcaldes, los diputados y regidores tenemos garantías y aún más peligro que algún ciudadano común porque no es fácil andar en estos ambientes de la política. Tenemos que también salvaguardar nuestras garantías, por eso acudimos también a los derechos humanos”, declaró Omar Israel Carrillo y dijo temer por su integridad.
Cabe recordar que en el Congreso del Estado sigue pendiente la iniciativa para eliminar la figura del fuero que precisamente tenía el objetivo de evitar la persecución política, sin embargo, esto también ha desvirtuado a servidores públicos pues algunos se amparan en ella para cometer delitos o ser omisos de alguna forma con la ley.
El alcalde de Tepezalá señaló que analizarán esta iniciativa con los integrantes de la LXIV Legislatura, proponiendo que se eviten estos actos a los que nuevamente calificó como parte de una persecución política.
La persecución política “son hacia las mujeres, que es lo que me llama mucho la atención. La verdad espero que realmente sea una justicia imparcial. Vamos a estar al tanto de todo y vamos a estar unidos”, señaló la alcaldesa del municipio capitalino.
Al cuestionarles cómo evitarían caen en impunidad, la alcaldesa respondió: “Lo que queremos es que se apegue a la justicia, que se apeguen a las leyes y sea imparcial”.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, en una entrevista radiofónica, aclaró que la ley no distingue a aquellos servidores que tienen fuero y puntualizó que esta investigación ya ha acumulado varias denuncias y en una de estas carpetas el juez autorizó el cateo “Estamos actuando dentro del marco constitucional, me da mucha lástima saber que hay personas que viven de la constitución y no sepamos su contenido”.
