La diputada local perredista Nora Ruvalcaba dio a conocer que el ayuntamiento capital podría haber incurrido en actos de corrupción en la adquisición del helicóptero de seguridad pública municipal con recursos federales, por lo que instó a sus compañeros de legislatura a revisar las cuentas públicas de esa dependencia.
Presuntamente, el ilícito de la administración que encabeza Gabriel Arellano es haber recurrido al sobreprecio en la compra del vehículo; es decir, haber dado a conocer en sus cuentas el pago de una cantidad mayor a la que realmente se entregó, sugiriendo el beneficio de alguien con la diferencia, además de haber omitido algunos requisitos legales en el proceso para su internamiento.
En entrevista, Ruvalcaba Gámez afirmó que “efectivamente nos han mandado las pruebas del sobreprecio (…) hay incluso comunicaciones que, vía Internet, se estuvieron dando entre el comprador y el vendedor y donde nos dicen cuál es el precio de ese helicóptero que fue adquirido”.
En contraste, reveló que existe una factura emitida para el ayuntamiento de Aguascalientes, en la que aparece un pago que superaría, hasta en un 300 por ciento, el precio real del aparato, quedando en el aire “una ganancia importante”.
La legisladora aclaró que aún falta corroborar con los documentos que se trate del mismo modelo y anunció que la comisión de vigilancia del órgano superior de fiscalización del congreso de la unión, que preside el diputado Antonio Ortega, ha autorizado y llevará a cabo una investigación en torno al caso.
Por lo anterior, consideró importante que el legislativo local conozca el “expediente de 500 hojas, que ya se encuentra en poder de la auditoría superior de la federación” pues, aunque no tiene las facultades de auditar recursos federales, sí tiene el compromiso y la obligación de revisar las cuentas públicas.
Instó a quienes componen la LX Legislatura de Aguascalientes a dar seguimiento al asunto, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son puntos importantes en el combate a la corrupción, como lo marcan los convenios internacionales sobre el tema en los que ha participado el país.
Afirmó que el sobreprecio es una de las formas más comunes de corrupción y que se da en todos los niveles de gobierno, evidenciando la falta de compromiso de quienes lo practican, lo que vio como otra razón para que los diputados locales tomen cartas en el asunto “más allá de las trampas y los acuerdos en los oscuro que puedan pactarse al interior de las bancadas mayoritarias”.
Finalizó insistiendo en la necesidad de vigilar de cerca y a profundidad este asunto y exigió que, en caso de que se verifique el delito, las autoridades correspondientes realicen el trámite administrativo para que el responsable “pague no solamente con la devolución del dinero”, sino con la inhabilitación de su cargo de administración pública y la pena de cárcel.
