Todas las áreas públicas estarán obligadas a eliminar las “barreras arquitectónicas” que impidan el acceso y fácil desplazamiento de las personas discapacitadas o de la tercera edad, incluyendo los edificios de los tres poderes y dependencias de gobierno.
Así lo dispone la iniciativa de reforma al código urbano de la ciudad de Aguascalientes, aprobada ayer por la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública del congreso estatal y turnada al pleno para su aprobación en la próxima sesión.
Si se convierte en ley, las instancias deberán realizar adecuaciones a sus inmuebles, como la construcción de rampas, la instalación de elevadores y la adaptación de las dimensiones de puertas y pasillos, entre otras.
Cada dependencia haría los trabajos con su propio presupuesto, teniendo para ello el plazo de un año “o lo que resta de esta administración, un año y medio”, lo que les dará la oportunidad de contemplar las modificaciones en el presupuesto 2010, en caso de que esté previsto en el del presente año.
Jaime Pérez Gallo, impulsor de la iniciativa a nombre de la bancada panista, aseguró que el objetivo de la reforma es fomentar una “actitud nueva” que, además de reconocer a estos sectores sociales, les procure las condiciones para desplazarse sin obstáculos en interiores y exteriores públicos, para que puedan hacer uso de los servicios públicos y sociales.
No obstante, la reforma propuesta contempla la aplicación de sanciones para quien incumpla con las modificaciones arquitectónicas que le sean requeridas, previstas en la ley de responsabilidades servidores públicos.
Dependiendo de la gravedad de la falta, irían desde una “amonestación pública o privada” hasta la destitución del servidor, que además sería “boletinado”.
El gobierno del estado, las once alcaldías de Aguascalientes, el propio congreso y todas las dependencias de los tres poderes serían las instancias obligadas a readecuar sus edificios; algunos de ellos, por ser de reciente construcción, ya cuentan con los dispositivos aquí señalados, pero otros deberán hacer los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Pérez Gallo consideró que, en caso de ser aprobada, esta reforma vendría a reforzar la hecha a la ley de integración social y productiva de personas con discapacidad, por la cual se obliga a que el dos por ciento de la nómina de los poderes ejecutivo, el propio legislativo y judicial sea integrado por personas con discapacidad.
Según datos del Consejo Estatal de Población (COESPO), hay 20 mil 266 aguascalentenses que sufren alguna discapacidad y 78 mil 819 ciudadanos de entre 60 y 100 años de edad.
