- Falta todavía la aplicación correcta de una nueva política educativa que tuviera como uno de sus ejes los derechos humanos y la perspectiva de género
- El caso Campo Algodonero es tan sólo una de las distintas sentencias que existen y que sirven como guía para poder avanzar en la igualdad de derechos
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo y como parte de la Jornada por los Derechos de las Mujeres, la maestra Andrea Medina Rosas, abogada experta en defensa y justicia de los derechos de las mujeres, impartió una conferencia titulada A 10 años de la Sentencia de Campo Algodonero: avances y pendientes, en la que se discutieron, sí, los avances tangibles puesto que ya se tiene la sentencia de ese caso, pero en donde también se pusieron sobre la mesa los pendientes posteriores sobre su verdadera aplicación para erradicar la violencia contra las mujeres.
Andrea Medina Rosas explicó: “la sentencia que nombramos como la sentencia de Campo Algodonero, es una sentencia que refiere a un caso en donde hace más de 10 años, en el año 2001, se encontraron 8 cuerpos de mujeres, varias de ellas habían sido ya reportadas como desaparecidas, se encontraron los cuerpos de estas 8 mujeres en un espacio, dentro de la ciudad, que era un viejo campo algodonero”.
Más allá del nombre, el cual fue adjudicado puesto que ahí se encontraron las mujeres asesinadas, con la sentencia se buscó denotar la construcción colectiva del acceso a la justicia, a la paz y a todos los derechos para las mujeres, tomando como base la equidad de género y no dejando de lado la realidad que históricamente se ha repetido y que sigue presentándose: la violencia contra el sexo femenino.
La defensora de los derechos humanos manifestó que aunque ya se tiene la sentencia, y que cuando ésta se dio, comenzó el inicio de la operación de la misma, hace falta reforzar algunos pendientes derivados de las acciones que se lograron establecer para el fortalecimiento de los derechos de la mujer.
La generación de elementos que tenían que ver directamente con las necesidades de los familiares de las 8 víctimas, fueron los que desarrollaron la sentencia de Campo Algodonero, no sólo para la protección o la reparación del daño integral de esas familias, sino para que se pudiera generar un cambio social en donde se priorizara y pusiera a la luz la violencia contra la mujer y así ir erradicando esa violencia.
Andrea Medina Rosas comentó que, en efecto, se cumplió con la publicación legítima de la sentencia, se cumplió con la construcción de un memorial, así como también se cumplió con el pago de indemnización y con el acto público prometido. Sin embargo, todavía quedan pendientes sustanciales respecto al caso Campo Algodonero. La abogada explicó que falta todavía la aplicación correcta de una nueva política educativa que tuviera como uno de sus ejes los derechos humanos y la perspectiva de género, lo cual sigue sin ser una realidad tangible en la sociedad mexicana.
“¿Qué logramos muy parcialmente? Por un lado, se dijo que se había cumplido con crear una política educativa pero, si yo les pregunto ‘¿quiénes de aquí han recibido un curso específico de derechos humanos en su educación formal y obligatoria? -nadie respondió- ‘¿quiénes han recibido en su educación formal y obligatoria un curso sobre perspectiva de género?’ -nadie respondió- (…) entonces ahí podemos decir que el estado no está cumpliendo con esa disposición”, expuso ante el público que asistió a la conferencia y agregó que el estado no está cumpliendo porque, de ser así, debería de estar dentro de la currícula obligatoria del sistema educativo alguna preparación que fortaleciera la perspectiva de género, los derechos humanos y la no discriminación.
El caso Campo Algodonero es tan sólo una de las distintas sentencias que existen y que sirven como guía para poder avanzar en la igualdad de derechos, en la no violencia contra la mujer, no obstante, los poderes de gobierno, los órganos procuradores de justicia, así como también la ciudadanía, deben de procurar, vigilar y acatar que estos esquemas se apliquen, pues de nada sirve que se dictamine una sentencia o una jurisprudencia, si a final de cuentas no se va a llevar a cabo lo acordado.
