Con 19 votos a favor y 8 en contra, emitidos en secreto, más de dos terceras partes del pleno del Congreso local avalaron ayer la ratificación de Omar Williams López Ovalle al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por un segundo único período de cuatro años.
En presencia de decenas de integrantes de organizaciones de la
sociedad civil que en repetidas ocasiones habían expresado su postura
en contra y que hoy se colocaron a las afueras del Palacio Legislativo
antes de iniciar la sesión “que comenzó con casi una hora de retraso-,
Jesús Martínez, presidente de la comisión legislativa en la materia,
leyó el dictamen que ésta aprobó la tarde del jueves, firmado
únicamente por él y Antonio Martín del Campo por el PAN, así como por
Fernando Palomino y José Robles del PRI y Juan Gaytán Mascorro del
PVEM.
Al someterse a debate, se pronunciaron en contra la diputada
perredista Nora Ruvalcaba Gámez, que incluso pidió a la Legislatura
“decretar la extinción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”
y “dar trámite a la iniciativa de reforma a la ley de amparo” que
permita a más ciudadanos hacer efectiva la protección de sus derechos
mediante este tipo de juicios.
Lo anterior, pese a que la perredista fue una de los varios
diputados y trabajadores del Congreso local que fueron señalados en la
lista que diversas organizaciones filtraron a los medios con nombres de
los trabajadores de la CEDH que tienen parentesco, relación o apoyo de
los legisladores.
Ruvalcaba Gámez calificó a las comisiones de DH como “parches mal
pegados” con los que se pretenden resolver violaciones a las garantías
individuales consagradas en la Constitución y, en el caso de
Aguascalientes, como “una agencia de colocaciones que hace como que
trabaja a favor de los Derechos Humanos”.
Por su parte, Pérez Almanza acusó abiertamente que la ratificación
del Ombudsman por un segundo período fue el pago de la fracción priísta
por las abstenciones y los votos a favor del dictamen y en contra del
voto particular por los que ayer se rechazó el juicio político en
contra de Gabriel Arellano.
Desde su punto de vista, quedó claro que “al santo, se le santifica; al beato, se le beatifica y a otros se les ratifica”.
En defensa de la decisión, Martínez González aludió a los resultados
que La Jornada Aguascalientes mencionara ayer, cuando la comisión
emitió el dictamen, que colocan a Aguascalientes en acusó que el
proceso de sucesión en la CEDH estuvo lleno de violaciones a los
derechos humanos, en forma de atentados contra la honra de López Ovalle
y de los legisladores por parte de quienes estaban en contra.
Al término de la sesión, las asociaciones que permanecieron en la
sala prorrumpieron en aplausos, mientras que otro contingente, entre el
que se encontraban Marcela Martínez Roaro y Enriqueta Medellín,
salieron del salón de sesiones a apostarse en la puerta del recinto
oficial, con una corona de muertos con la que expresaron su punto de
vista de forma clara, además de gritar a la salida de los diputados la
traición que, dijeron, estarían cometiendo y recordándoles que “ya
pedirán el voto”.
