Fernando Palomino Topete, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, adelantó que para la reunión que sostendrán los diputados con el gobernador el día de hoy, “no cabe, en lo más mínimo, el ‘usted disculpe’, pues el agravio fue demasiado lejos”, refiriéndose a los hechos violentos suscitados el 20 de febrero pasado en las oficinas de gestión social.
“El Congreso del Estado no puede permitirse el lujo de aceptar una disculpa y ya. Y aunque esto se deba hacer no sólo para el propio congreso y para los vecinos de casas aledañas a esta oficina que también sufrieron daños, no hay que perder de vista que desde el ámbito del clima político local, esto se puede considerar como un hecho grave”, sostuvo el diputado priísta.
Apuntó que dentro de la reunión que se llevará a cabo con Luis Armando Reynoso Femat, “lo que no es negociable es el robo que sufrieron algunos empleados de la oficina de gestión social del congreso. Tampoco lo son las vejaciones sicológicas y físicas que algunas personas sufrieron al interior de esta oficina por parte de los elementos policíacos y, por supuesto, el respeto a la autonomía del Congreso del Estado. Aunque reconocemos que un operativo policíaco debe ser naturalmente sigiloso y contundente, no estamos en la tesitura de permitir que se violenten garantías individuales en ellos”, agregó.
Declaró que “los ciudadanos no están, ni por asomo, contentos con lo que ha sucedido en el estado, y es responsabilidad de los representantes populares discutir esta situación con el ejecutivo con la claridad y con la precisión que tienen que hablarse esos temas”, sin embargo, descartó la posibilidad de una situación de confrontación entre poderes.
“Pero lo que sí es urgente, es una claridad de la urgencia que hay de que se tomen medidas pertinentes, toda vez que los recursos sí los hay tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal”, indicó.
Refirió que ante versiones de que Aguascalientes se encuentra en el cuarto lugar nacional en incidencia de secuestros, de acuerdo a su densidad poblacional, “es innegable que esta situación alarma a la sociedad, que se siente con zozobra constante porque no toca solamente a personas de alto rango económico, sino que también alcanza a niveles económicamente bajos, lo que aterroriza a la población de tal manera que se tiene que hacer algo y tiene que haber resultados. La seguridad pública no se puede tratar en forma mediática, sino que tiene que hacer algo en los hechos y en la percepción de los ciudadanos”.
Sostuvo que por parte de la bancada del PRI, se hablará con el gobernador “de manera respetuosa pero puntual, porque si no nos conducimos así, la reunión entre dos poderes no serviría. Por ser hombres públicos, todos comprometidos con una sociedad que está demandando que atendamos lo que aqueja a la población, como el desempleo, la inseguridad, la falta de expectativas para invertir o generar calidad en la educación y temas que no están resueltos en este momento y que se están quedando rezagados, según lo marcan los indicadores, es que nos debemos conducir con respeto, sin duda, pero también con decisión y firmeza”, comentó.
Añadió que en el tema de la seguridad pública, los diputados harán planteamientos específicos, “sobre todo en el sentido de resolver la sensación de angustia e impotencia por los hechos y delitos que se están registrando con mayor regularidad por la delincuencia organizada, situación que no pueden soslayar los poderes públicos del estado”.
Con respecto al clima político ante la proximidad de las elecciones, el coordinador de la bancada priísta sostuvo que “el poder legislativo quiere que haya una autoridad del estado que se repliegue real y definitivamente sobre el proceso electoral, ya que el país requiere que haya autoridades que respeten y que alienten la equidad en la medida de que no se usen ni los recursos públicos ni los programas para apoyar o para beneficiar a determinado partido o candidato. El PRI ha sido muy claro en este sentido y es un partido apegado siempre a la legalidad, pero que exige a la autoridad que haya un respeto y no uso de los recursos y programas para llevar a cabo a una elección de Estado”, sentenció.
