- La pornografía infantil se ha disparado más del 70% durante el confinamiento, revela la Guardia Nacional
- Urge un sistema nacional eficiente que coordine la prevención del cibercrimen, propone Causa en Común
La atención y prevención de los ciberdelitos en esta época de cuarentena no se están afrontando de una manera articulada entre autoridades federales, estatales, iniciativa privada y sociedad civil, alertaron expertos en una mesa de análisis sobre ciberseguridad convocada por Causa en Común.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que en lugar de sumar al sector privado y a la sociedad civil para atender el cibercrimen, se les excluye en búsqueda de soluciones.
“No bastan los esfuerzos aislados, urge contar con un sistema nacional, dinámico y verdaderamente eficiente que coordine la prevención de este fenómeno delictivo y que facilite la procuración e impartición de justicia tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, como en el plano internacional”, indicó Morera en la mesa que llevó por nombre ‘Efectos secundarios de la crisis por el Covid-19: cibercrimen’.
Puntualizó que, más que casos aislados, se requieren mecanismos que permitan coordinar a los principales actores para combatir este fenómeno criminal en el marco de esta pandemia que vive México y el mundo, pero, sobre todo, se requiere de inversión en equipo y capacitación en las personas encargadas de combatir estos delitos.
Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, comentó que durante el mes de marzo y hasta el 15 de abril, la pornografía infantil aumentó un 73%.
Entre los principales cibercrímenes el funcionario comentó que están los llamados a saquear tiendas de autoservicio o de conveniencia, supuestas ventas de vehículos por parte del gobierno o fraudes relacionados con programas de gobierno, como el regalar tarjetas a las que se les tenía que cargar 300 pesos: “la situación de la pandemia sobre Covid-19 ha generado que la ciberdelincuencia dedique más tiempo a la actividad criminal mediante el uso de las tecnologías”, indicó Radamés Hernández.
Luis Fernando García, Director Ejecutivo de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales R3D, refirió que en esta coyuntura por el Covid-19, donde hay más personas conectadas en sus casas y que pueden ser más propensas a ser víctimas de delitos cibernéticos, el Estado tiene más que nunca la obligación “de producir más políticas de ciberseguridad, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos”.
En este mismo sentido se pronunció Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica, al considerar que hace falta mucha educación cibernética, ya que existe mucho “analfabetismo digital”. Además sugirió que el Estado involucre más a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos digitales, y a la iniciativa privada, “para crear una verdadera estrategia nacional de ciberseguridad, y marcos jurídicos más sólidos”.
Marco Antonio del Toral Morales, Abogado Analista y Punto Focal del área de Lavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, comentó que otros delitos cibernéticos que se han incrementado con el confinamiento son la generación de las llamadas ‘fake news’, los mercados negros cibernéticos, el acoso en redes sociales y videojuegos, así como los sitios web falsos, por lo que hizo un llamado especial a los padres a cuidar a los niños y niñas durante su periodo de navegación en línea por medio de controles parentales.
Como una manera combatir la ciberdelincuencia, María Elena Morera propuso:
*Contar con bases de datos que permitan a la ciudadanía identificar todos los delitos que se están presentando mediante esta modalidad digital.
*Capacitación de todos los actores involucrados en el combate de esta modalidad delictiva, siempre con una perspectiva de género.
*Garantizar la adecuada investigación y la correcta preservación de la cadena de custodia de este tipo de delitos.
*Establecer un mecanismo nacional, ágil y eficiente, que genere inteligencia y procure una relación más estrecha entre policías y fiscales, tanto en el ámbito municipal, estatal, como en el federal.
*Garantizar la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.
Morera pidió que la ciberseguridad y su investigación respete la privacidad, asegure el acceso a los derechos digitales y la información fidedigna y que el gobierno promueva campañas masivas de información para que las personas conozcan las formas de protegerse ante la vulnerabilidad digital.
La mesa de análisis forma parte del ciclo de conferencias “Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el Covid-19 en México”, que convoca Causa en Común, y que se pueden consultar en https://www.facebook.com/causaencomun/
Causa en Común
