El abogado constitucionalista Guillermo Macías Díaz Infante calificó como una barbaridad jurídica el dictamen aprobado por el pleno en el que “se declara improcedente, por ya no ser materia competencial de este Poder Legislativo, la Iniciativa de reformas y adiciones a diversos Artículos de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes a fin de fortalecer el combate al delito del secuestro, y en consecuencia, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido”.
Macías Díaz Infante señaló que “es una barbaridad jurídica desde el punto de vista constitucional por que se confunde una ley federal con una ley general y una facultad exclusiva con una concurrente”.
Los diputados habían propuesto modificaciones para endurecer las penas por delito de secuestro “ el cuatro de agosto del año dos mil ocho ante esta Soberanía, momento en cada Estado estaba facultado para legislar en materia de secuestro; sin embargo, en fecha cuatro de mayo del año dos mil nueve fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dándosele al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para expedir la Ley General en materia de secuestro, que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en consecuencia este poder soberano ya no resulta constitucionalmente competente para pronunciarse sobre esta Iniciativa”.
Macías Díaz Infante explicó que el delito de secuestro no es exclusivamente federal, como erróneamente se establece en el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso local porque, dijo, “una ley general establece lineamientos que los estados deben observar”.
“Es muy grave la ignorancia de la comisión de confundir una ley general con una exclusiva de la federación. Lo que están haciendo es, de manera ignorante, pensar que el Congreso no tiene facultades para sancionar este delito. La ley general tendrían que ser complementada con las legislaciones estatales. Se corre el riesgo de no poder sancionar”.
En la argumentación para derogar los cambios a la legislación penal del estado, los legisladores aseguraron haber consultado a varios colegios de abogados y especialistas en materia de derecho.
