La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) e IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, unieron fuerzas para contribuir en la lucha contra la impunidad de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Colombia y México.
Además, dieron a conocer cifras de la violencia y la impunidad estructural en México y expusieron la falta de voluntad y capacidad de la justicia mexicana para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, las organizaciones convocantes demandaron al Estado mexicano remitir la situación de México a la CPI y reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad.
De igual forma, señalaron que la apertura de un examen preliminar en México implicaría un giro indispensable en las investigaciones para que se incorporen metodologías de análisis de contexto, se esclarezcan los hechos y se sancione a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país.
A través de la campaña #JuntasContraLaImpunidad las organizaciones esperan lograr poner en marcha políticas públicas de justicia que rompan con los esquemas de impunidad y pongan a las víctimas en su centro, así como avanzar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto de los dos países.
El martes pasado, durante en el webinar “¿Y la impunidad? Situación de México y Colombia”, dieron a conocer una serie de obstáculos para investigar y sancionar casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en los países, en una discusión con organizaciones, víctimas y una delegada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Dichos obstáculos surgieron luego de monitorear durante un año el funcionamiento de los nuevos mecanismos de justicia y atención a víctimas creados recientemente en ambos países.
Respecto a Colombia, se resaltó que si bien hay avances en términos de verdad y participación de víctimas dentro de la JEP, todavía es muy temprano para evaluar que se ha superado la impunidad.
Al contrario, destacaron que la Justicia Transicional sigue siendo frágil ante la falta de colaboración de entes de la Justicia Ordinaria, como la Fiscalía General de la Nación o la Justicia Penal Militar, así como por los continuos intentos por modificar su marco normativo.
Se reconoció que el monitoreo de la CPI debería continuar, en particular para que las víctimas logren saber quiénes dieron las órdenes y que los más altos responsables sean sancionados.
Los organismos destacaron que a través de #JuntasContraLaImpunidad, realizarán acciones de documentación y movilización para dar a conocer la existencia de crímenes de lesa humanidad en ambos países.
Asimismo, comentaron que apoyarán en el litigio a nivel local de estos crímenes, propiciarán el intercambio de experiencias entre abogados sobre las estrategias y crearán espacios de intercambio de experiencia entre los colectivos de Colombia y México.
