Luego una seria de intervenciones por diputados integrantes de los distintos partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso del estado, se aprobó el dictamen que calificó como improcedente una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para incluir la cadena perpetua en la Legislación Penal de Aguascalientes.
La iniciativa panista pretendía modificar el artículo quinto de la Legislación Penal, que establece que cuando un homicidio doloso se cometa como consecuencia de un delito, la pena irá de los 15 a los 40 años de prisión; de igual manera, también se pretendía modificar el artículo 40 y 40-A, correspondientes al delito de secuestro y la pena máxima que alcanza este crimen, que en Aguascalientes es de 50 años de encarcelamiento.
Así, la bancada panista en el Congreso del Estado pretendía que se impusiera cadena perpetua a aquellos secuestradores que pertenecieran a grupos policiales, o aquellos que actuarán con sadismo extremo; sin embargo, la comisión de justicia, presidida por el priísta Enrique Rangel Jiménez, calificó de improcedente la misma, por lo que emitió el dictamen correspondiente, mismo que no fue firmado por los panistas Jesús Martínez y César Cervantes Mena, integrantes de la comisión mencionada.
Al respecto, y antes del inicio de la sesión, Rangel Jiménez comentó que se hizo esta valoración debido a que la Constitución Política federal habla del derecho a la readaptación, y que esta pena va en contra de ese derecho, agregando que actualmente en materia penal, el tema del secuestro es competencia exclusiva de la federación y el Congreso de la Unión.
Agregó que también resulta ocioso hablar de este tema en Aguascalientes, dado que en el estado existe la mayor pena para este delito en todo el país -50 años-, por lo que incluso acusó al PAN de querer sacar “raja mediática” de este asunto.
Así, previo al sometimiento de este dictamen ante el pleno, varios legisladores solicitaron hacer uso de la palabra para manifestarse a favor o en contra de la calificación de improcedencia del mismo.
De tal manera, el panista Juan Antonio Martín del Campo comentó que el punto principal de esta iniciativa fue el de proporcionar tranquilidad a las víctimas del secuestro, dado que los hechos indicaban que los últimos detenidos que se han presentado en materia de secuestro son cada vez más jóvenes, por lo que tendrían posibilidad de salir todavía a una edad en la que pudieran seguir delinquiendo.
Agregó que la propuesta de cadena perpetua a secuestradores, violadores y criminales violentos, buscaba restablecer un orden en la sociedad, y que incluso hay varias organizaciones civiles que se han manifestado a favor de esta posibilidad.
Por su parte, el priísta Roberto Padilla comentó que esta legislatura ya ha dotado de varias herramientas al sistema penal para combatir este problema, reconociendo que estos son temas que ocupan la atención de la población; no obstante, indicó que de nada servirá aplicar este tipo de penas, si primero no llega una reforma que permita atacar la delincuencia desde su raíz.
La perredista Nora Ruvalcaba agregó que este tema ha cobrado gran trascendencia debido a la ola de violencia “sin precedentes” que se vive en Aguascalientes y el país, a lo que añadió que el sistema penal mexicano establece que debe darse la oportunidad de readaptación a los reos.
Vicente Pérez Almanza, de Convergencia, coincidió en este sentido, diciendo que aceptar la cadena perpetua sería aceptar el fracaso del sistema penal mexicano, agregando que no se puede legislar “con las vísceras en la mano y el corazón de frente”, por lo que hizo hincapié en el riesgo de que se pudiera castigar a gente inocente.
Mientras que el coordinador priísta, Fernando Palomino Topete señaló que en Aguascalientes ya existe una pena suficientemente severa, y que en este delito la misma es inconmutable.
Por último, Jesús Martínez, coordinador de la bancada panista indicó que la iniciativa buscaba obedecer a un reclamo de la sociedad, haciendo eco de la dificultad para reeducar a ciertos delincuentes, y descartando que fuera un movimiento mediático electoral, dado que se presentó por vez primera en el mes de septiembre de 2008.
No obstante los argumentos presentados, sólo los diputados panistas votaron en contra de desechar el dictamen –César Cervantes se abstuvo-, mientras que el resto de los diputados avalaron que la comisión de justicia calificara de improcedente la iniciativa.
