- Prieto es asesora legal y acompañante de personas obreras que desde 2019, integradas en el Movimiento 20/30, han defendido sus derechos laborales
- La abogada había declarado que en el norte del país la mano de obra femenina sigue siendo más barata, no más de 390 pesos, lo que profundiza sus condiciones de vulnerabilidad durante esta pandemia
La defensora de los derechos laborales de personas obreras y asesora legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), Susana Prieto Terrazas, fue detenida en Matamoros, Tamaulipas, acusada de “delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”.
La detención ocurrió en el contexto de abusos laborales que se han registrado contra las y los trabajadores de las maquilas durante la pandemia en el norte del país, mismos que la litigante ha denunciado públicamente y acompañada legalmente.
Este lunes, 8 de junio, el Gobierno de esa entidad giró una orden de aprehensión en contra de Prieto Terrazas por presuntos “delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”, de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de Tamaulipas.
“Un Juez de Control emitió el mandato judicial ejecutado por los agentes investigadores después de que se presentaran los elementos de prueba suficientes que implican a la detenida en los citados delitos registrados en la Avenida Álvaro Obregón de la colonia Jardín de este municipio. Susana “P” será puesta a disposición del Poder Judicial, que en breve determinará su situación jurídica”, dice el comunicado. Al cierre de esta edición se desconoce la situación jurídica de la defensora y los detalles de los delitos por los que se le acusa.
Criminalizan a defensora, aseguran
La propia Prieto Terrazas transmitió en sus redes sociales un video en vivo de su detención. Ahí expresó: “El Gobernador del Estado, yo sabía que tarde que temprano iba a hacer esto. Estoy siendo aprehendida”.
Prieto es asesora legal y acompañante de personas obreras que desde 2019, integradas en el Movimiento 20/30, han defendido sus derechos laborales. De acuerdo con un comunicado firmado por decenas de colectivos y asociaciones gremiales que respaldan a Prieto, el Movimiento 20/30 denunció en el pasado la manera en que las empresas en el norte de México explotan a las y los trabajadores y violan sistemáticamente sus derechos. Desde entonces, dijeron, la abogada es hostigada y amenazada por diversas autoridades locales y federales, empresas maquiladoras y de servicios, así como de líderes de sindicatos charros, además de sufrir un hostigamiento constante en sus redes sociales.
Las organizaciones firmantes, entre las que está Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C. y Agrupación de Lucha Socialista, dijeron que su detención es una acción más de represión de la lucha social y la defensa de la clase obrera. “Esta es una afrenta directa a todas las y los trabajadores que históricamente han visto machacados sus derechos y dignidad, por lo que exigimos la inmediata liberación de Susana y responsabilizamos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; ; al fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y al Gobierno Federal, de lo que pueda ocurrir con la integridad física y psicológica de la compañera”, expresaron.
Las organizaciones también responsabilizaron de la criminalización contra Prieto a directivos de Fisher, Kongsberg, BCS Electrónica, Nexos Magnéticus, Lexmark, DURA, Electrolux, TPI, Tridonex, MERIT, Kongsberg, BVI Visitec entre otras, así como a líderes sindicales como Juan Villafuerte, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) y Agapito González, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI).
Desde que inició la pandemia, la abogada ha denunciado en distintos medios de comunicación y en sus redes sociales los despidos injustificados, bajas salariales, ausencia de protección para el trabajo y otros abusos laborales que han cometido empresas maquiladoras en el norte del país contra las y los obreros.
El pasado 17 de abril, Prieto concedió una entrevista a Cimacnoticias en la que dijo que ha recibido denuncias por parte de trabajadoras y trabajadores de maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, por violar el decreto nacional del 30 de marzo al aglomerar a miles de personas en cada turno laboral. De acuerdo con la abogada, en el caso de mujeres embarazadas, adultas mayores y con otros factores de riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de descanso como parte de la cuarentena; en otro caso, se les orilló a firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos.
La abogada aseguró que también acompañó el caso de una trabajadora en periodo de lactancia, a quien inicialmente se le impidió ir a su casa a pesar de presentar síntomas de contagio. Luego de insistir mucho y de que su hijo enfermara, la mujer consiguió que el IMSS le concediera una licencia de incapacidad de 11 días pero con un sueldo disminuido. Entre las empresas que más han denunciado violaciones laborales por despidos masivos o por no frenar laborales, de acuerdo con la abogada, está Electrocomponentes de México y Electroluz, que fabrican bandas de electrodomésticos, considerados no esenciales durante esta emergencia.
La abogada explicó que en el norte del país la mano de obra femenina sigue siendo más barata, no más de 390 pesos, lo que profundiza sus condiciones de vulnerabilidad durante esta pandemia. Otra característica de ese sector, es que miles de obreras son migrantes, quienes llegan a trabajar a Chihuahua sin una familia o solas con sus hijos. Aunque se ordenó en el orden federal que las estancias infantiles permanecieran abiertas, de acuerdo con la defensora de los derechos laborales, todas las guarderías en esa entidad permanecen cerradas.
El pasado 7 de junio, Prieto publicó en sus redes sociales que se logró que la empresa Fisher pagara a las y los obreros, miembros de SNITIS, la diferencia del 40 por ciento entre el salario que recibieron durante la pandemia y el que debieron pagarles. Días después, la empresa desconoció al sindicato. Prieto también informó sobre la muerte de un trabajador, de otra empresa, presuntamente por Covid, y convocó a distintas movilizaciones para exigir el reconocimiento de los derechos laborales.
Tras conocer sobre la detención, varias personas se manifestaron este 9 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Ciudad de México por la liberación de la abogada.
Angélica Jocelyn Soto Espinosa | Cimacnoticias
