Por considerar que existieron irregularidades en el proceso para no reelegirla, el Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo a la magistrada María de los Ángeles Viguerías Guzmán, según consta en copias del amparo directo 114/2009 IV, firmado el 16 de julio de este año por la secretaria del juzgado tercero de distrito en el estado, Lilia Esther Trujillo.
En el expediente se lee que la comisión de justicia del Congreso del Estado incurrió en varias irregularidades en el proceso durante el cual Viguerías Guzmán solicitó su reelección.
«(…) Lo procedente es hacer extensiva la concesión del amparo a los diversos actos que se reclaman al Congreso del Estado de Aguascalientes, a la comisión de justicia del Congreso del Estado, al consejo de la judicatura estatal, al magistrado presidente de la judicatura estatal, al magistrado presidente del supremo tribunal de justicia del estado, al gobernador del estado y al secretario general de gobierno», se lee en el documento.
Ahí queda plasmado que las autoridades deben reponer y reinstalar a la magistrada, además de pagar salarios caídos si en la nueva determinación Viguerías Guzmán es reinstalada en su cargo, además que debe dejarse sin efectos el procedimiento para elegir un nuevo magistrado que sustituya a la quejosa.
Dentro de las inconsistencias que la secretaria del juzgado tercero determinó para llegar a esta conclusión, está que la comisión de justicia del Congreso local no tenía los elementos suficientes para calificar la actuación de Viguerías Guzmán durante los 10 años que desempeñó su cargo «para el efecto que el Congreso del Estado deje sin efectos el dictamen que emitió la comisión de justicia del estado por el que determinó improcedente la reelección de la quejosa y señaló que concluyó su cargo como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado contenido en el decreto 185 publicado en el periódico oficial del estado publicado el 19 de enero del 2009.
Viguerías Guzmán no fue ratificada en el cargo por el Congreso del Estado, bajo el argumento de que no tenía la capacidad suficiente para desempeñarse como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cargo que ocupó por 10 años.
La todavía magistrada, aunque no esté en funciones, presentó un juicio de amparo en contra de su destitución o no ratificación, argumentando que sí tenía la capacidad suficiente y que los mismos diputados aceptaron no tener elementos suficientes como para ratificarla en el cargo, por lo que decidieron sustituirla.
Viguerías Guzmán aseguró que sí tenía la capacidad tanto técnica como la solvencia moral para seguir en el puesto, por el que cobra más de 100 mil pesos mensuales, y demostró que los diputados no tenían la información suficiente para destituirla. Lo que no pudo echar abajo, según se lee en el documento, fue que ella señaló que el Congreso del
Estado no tenía la facultad para decidir la ratificación, pues esto difiere de la designación, argumento que fue desechado por la justicia federal.
Por lo tanto, se determinó que los diputados sí pueden ratificarla, pero con los elementos suficientes para poder argumentar la decisión.
En el amparo indirecto, de 83 fojas, se lee que Viguerías Guzmán argumentó con estadísticas su probidad como funcionaria pública, como el número de amparos en contra de sus decisiones, el número de quejas en su contra en la Comisión de Derechos Humanos, entre otros.
