La Secretaría de Salud determinó clausurar el miércoles el Congreso de Nuevo León, precisamente un día antes de que los diputados votaran el castigo que debiera imponerse al gobernador Jaime Rodríguez, por haber desviado recursos públicos para su fallida campaña presidencial.
Los sellos fueron impuestos en las puertas de la sede legislativa, cuando los diputados se aprestaban a proponer un castigo que podía ser la destitución del mandatario, junto con su secretario General de Gobierno, Manuel González, por haber sido hallados culpables por el fraude conocido como broncofirmas.
La semana pasada, los diputados sesionaron, y aunque González interpuso un recurso para alegar que el mismo inmueble debía estar cerrado a causa de la pandemia, su argumento no prosperó, aunque al final de ese día, los diputados no se pusieron de acuerdo y la votación fue pospuesta.
Luego de que se detectaran en el congreso local cinco contagios, hasta ayer, incluido el de un diputado, personal de Salud acudió por la noche para imponer los pegotes en las puertas y, hasta cerca de la medianoche la misma dependencia difundió un comunicado en el que aclaraba que actuaba “con el objetivo de salvaguardar la salud de todas las personas que laboran en la sede del poder legislativo”.
El espacio será abierto, aclaró, cuando sean completadas las 200 pruebas para detectar coronavirus programadas entre legisladores y personal administrativo, para descartar más contagios.
Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano condenó “la flagrante violación a la soberanía del Poder Legislativo por parte del gobierno del estado al clausurar la sede del Congreso local en la víspera de la votación que definirá la sanción contra el gobernador, Jaime Rodríguez, y el Secretario General de Gobierno, Manuel González”.
Consideró que la clausura es una intromisión de la Secretaría de Salud, que dirige Manuel de la O, al trabajo legislativo para evitar que sean aplicadas las sanciones al gobernador y al secretario general de gobierno por el desvío de recursos públicos, delitos por los que ya fueron encontrados culpables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
