El legislador local Enrique Rangel Jiménez solicitó ayer, en el apartado de asuntos generales de la sesión de la diputación permanente, que el Poder Ejecutivo del estado “atienda y ponga cartas sobre el asunto” (sic) del hacinamiento en los Centros de Readaptación Social (CERESOS), tras las declaraciones del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado, Arturo Muñiz Candelas, al respecto.
Rangel Jiménez admitió que “las cárceles del estado se han visto más pobladas por reos sujetos a proceso y sentenciados.” y que “probablemente” no den “los espacios ideales para la readaptación y reinserción” de estos sujetos a la sociedad, pero aseguró que no se deben a las reformas impulsadas desde el Congreso local.
Consideró necesario que el gobierno estatal desarrolle una
“planeación estratégica en el próximo ejercicio fiscal, llevando una
adecuada política en materia de reclusorios en el estado”.
Rangel afirmó que las reformas realizadas en materia penal, entre
las que destacó el endurecimiento de las penas, responden a las
exigencias de la sociedad ante el incremento en hechos delictivos como
asaltos a mano armada de los que, afirmó, se registran unos tres cada
fin de semana.
Continúan embates de los diputados panistas en contra de Gabriel Arellano
En esta misma sesión, Jesús Martínez González y Jaime Pérez Camacho,
de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), expresaron
posicionamientos mediante los cuales continuaron sus ataques contra el
alcalde capitalino, Gabriel Arellano Espinosa.
Martínez González indicó que las declaraciones de Arellano Espinosa
en torno a la administración de Martín Orozco dan muestra “de su
ignorancia e incapacidad”, motivo por el que “está catalogado como el
presidente municipal más ignorante que ha tenido Aguascalientes”.
Acusó al edil de haber infiltrado la corrupción, e invitado a “altas
esferas a nivel nacional, involucradas en la delincuencia organizada” a
la corporación municipal, refiriéndose a la participación del Grupo
Chihuahua en la seguridad pública de la ciudad, al arraigo del ex
encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
Jesús Manuel García Salcido por la SIEDO, y el presunto involucramiento
de Francisco Gavuzzo en las irregularidades detectadas en las
adquisiciones de equipo para esta corporación.
Lo culpó también del incremento en delitos como asalto a mano armada, robo tipo cristalazo, de vehículos, etc.
Pérez Camacho continuó el embate, censurando que en la denuncia
presentada por Arellano ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ)
se acuse a sólo un funcionario municipal y estimando que el monto por
el cual se le denuncia “sólo representa una pequeña parte de los fondos
presumiblemente desviados”, además de repetir las críticas a la
participación de Gavuzzo y el “lavado de manos” del alcalde” con la
presentación de la denuncia.
