La diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Nora Ruvalcaba Gámez, anunció ayer en conferencia de prensa la presentación de una denuncia de juicio político en contra del alcalde capitalino, Gabriel Arellano Espinosa, a fin de que aclare diversas irregularidades que se han dado a conocer durante su administración.
El documento que presentó ayer mismo ante oficialía de partes del Congreso local, estaría signado, además de por la perredista, por los diputados César Cervantes Mena, independiente; Juan Gaytán Mascorro, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el panista Antonio Martín del Campo, mientras que el legislador de Convergencia, Vicente Pérez Almanza, admitió que apoyaría la postura estando al pendiente de cada una de las fases del procedimiento que se siga.
Entre los hechos por los cuales se solicitaría el desafuero del edil están la “adquisición urgente por compra directa con la empresa Telemática Lefic S.A. de C.V.” de un software de video vigilancia para el C-4 que, por 51 millones 750 mil pesos, que está sin funcionar; la instalación, mantenimiento y equipo de radiocomunicación y un centro de mando, también para seguridad pública y también sin funcionar, por 29 millones 998 mil 970 pesos.
Además, la firma de contratos con la empresa Refuerzo Empresarial S. de R.L. para la consolidación del “Programa Integral de Desarrollo para la Corporación de Seguridad Pública de Aguascalientes, que resultó inservible por las fallas en su aplicación”, por un millón 725 mil pesos y 258 mil 750 pesos; la contratación de la certificación con la empresa Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (Calea), por tres millones de pesos, más otros ocho que cobraban los hermanos Grajeda Domínguez por asesorías; la compra del helicóptero de la corporación a un sobreprecio por cerca de 24 millones de pesos, usado y con irregularidades en su facturación, así como compras del municipio a “empresas fantasmas” con recursos del Subsemun por 300 millones de pesos y adquisición de equipamiento de seguridad pública por más de 56 millones de pesos.
Todo lo anterior, indicó Ruvalcaba Gámez, se denuncia por violaciones a leyes secundarias, pero también se incluye una violación a las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las detenciones de jóvenes “que no tienen una apariencia”, en las colonias Insurgentes y López Portillo después de las 11 de la noche.
Descartó que se trate de una revancha por la detención que agentes de la corporación municipal efectuaron en contra de su hija el mes pasado, de quien dijo hoy realizaría defensa en una demanda civil; por otro lado, consideró que el actuar del edil perjudica también a su propio partido, reforzando con ello la negativa de que se trate de una venganza.
La denuncia contra Arellano será turnada a la comisión de justicia, presidida por el priísta Enrique Rangel, que habrá de dictaminarla en sentido positivo o negativo, para posteriormente subirla al pleno donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es mayoría con 14 diputados. De aprobarse, Gabriel Arellano Espinosa quedaría desaforado y podría ser juzgado.
La diputada apeló al “voto de conciencia que pudiera existir en algunos diputados del Revolucionario Institucional”, más allá de la disciplina interna de las bancadas, esperando que si determinan que el juicio no procede, sea con argumentos, enfatizando que las pruebas ofrecidas en la denuncia y las que están por conseguirse son fehacientes.
Bancada del PRI actuará conforme a razón; el PAN considera que no pasará
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Fernando Palomino, indicó que si bien hay disciplina en lo interno, cada uno de los legisladores tricolores decidirá de forma autónoma, actuando siempre en razón de los argumentos que se ofrezcan y sin ser refugio partidista de nadie.
Señaló que debe darse “tolerancia con respeto a la opinión de los demás compañeros”, reiterando que “no es nuestro accionar a través de un origen de partido; es en razón de que es el Congreso del estado”, que como poder público determinará el curso de la denuncia.
En el mismo tenor se pronunció el presidente de la comisión de seguridad pública, quien es identificado como del grupo afín a Arellano, José Robles Gutiérrez, aunque añadió que “es una denuncia que no está sustentada”, sino motivada por un impulso personal de “alguien que se sintió en un momento agraviado” y que la bancada del PRI no se prestaría “a juegos políticos y mediáticos” para llamar la atención.
Finalmente, el coordinador de los diputados panistas previó que “esto no va a prosperar” en vista de que el PRI es mayoría y que, aún si el resto de las fracciones coincidieran, no alcanzaría a rebasarla; no obstante, indicó que deberán fincarse las responsabilidades correspondientes.
