MEXICALI, BC.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) paró en seco al gobernador Jaime Bonilla Valdez, a quien señaló de violar la Constitución, luego de decretar que un tramo carretero de la entidad y la caseta de cobro pasarán a manos de la administración de Baja California.
Además, anunció que Caminos y Puentes Federales (Capufe), el único ente autorizado para operar y cobrar en las casetas de peaje, emprenderá acciones para retomar la administración, y advirtió al mandatario estatal que ello no evita su responsabilidad por “el daño, interrupción y deterioro de los servicios”.
Ayer, Jaime Bonilla resolvió que su gobierno se encargará de mantener y conservar el tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas. Para ello autorizó al fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, hacerse cargo de la vigilancia. Incluso lo acompañó para tomar posesión de la caseta.
La SCT describió la violación a la Constitución y a diversas leyes en que incurrieron el gobernador y el fiscal general, a quienes se podrían fincar cargos por obstrucción y daño a vías federales.
La dependencia precisó: “El día de ayer el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se presentó acompañado del fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, en la Plaza de Cobro No. 34 ‘Playas de Tijuana’, ubicada en el kilómetro 011, Cuerpo ‘A’, de la Autopista Tijuana-Ensenada.
“En un acto improvisado, el titular del Ejecutivo estatal anunció que esa tarde publicaría un decreto para que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito pasaran a la posesión del gobierno del estado de Baja California, el cual se encargará de mantener y conservar el mencionado tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.”
En la misma comunicación de la SCT, que encabeza Javier Jiménez Espriú, se recuerda que Bonilla dijo que a partir de ese momento la Fiscalía del estado, con el apoyo de la policía de la ciudad de Tijuana, “se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro mencionada, para evitar actos delictivos y darle seguridad, entregándoles en ese acto la posesión de las mismas.”
Según el texto, el citado decreto, a consideración de la SCT y Capufe, “viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.”
Adelantó que Capufe recuperará la caseta y su cobro, “sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y deterioro de los servicios que operen en las mismas.”.
Es decir, al gobernador de Baja California se les tendría que multar y cobrar daños y perjuicios si realizó alguna obra para impedir el cobro, según el artículo 525 que dice:
“El que indebidamente ejecute obras que invadan o perjudiquen una vía federal de comunicación, pagará una multa de cincuenta a dos mil pesos a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado”.
O, si el concesionario considera que se le dañó, podrá ejercer acción civil contra el gobernador y exigirle una indemnización por daños y perjuicios, como lo marca el artículo 592:
“Las personas que se crean perjudicadas por algún hecho u omisión contrarios a esta Ley, además del derecho que les asiste conforme al artículo anterior, tendrán acción civil para exigir indemnización por daños y perjuicios.”
