CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó al subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Israel Benítez, por autorizar que siete prestadoras de servicios contratados a través de la partida denominada Capítulo 3000 vivieran y se alimentaran en las instalaciones que son exclusivas de los deportistas mexicanos y sus equipos multidisciplinarios.
Asimismo, cuatro supuestos entrenadores que son beneficiarios del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) han gozado del mismo privilegio lo cual generó un daño patrimonial a la Conade.
Mediante un comunicado, la SFP reveló que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Conade acreditó la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan, a personas que no son atletas de alto rendimiento y tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade).
Esta resolución es la primera que la SFP emite en respuesta a los resultados de la auditoría 12/2019 que se realizó el año pasado por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y por las cuales se iniciaron varios expedientes de investigación que resultaron en 22 observaciones.
Una de esas observaciones es justamente ésta por la cual Israel Benítez ha sido destituido y en ella también está involucrado el director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras Bonilla, quien fue suspendido indefinidamente desde hace un mes por la SFP por otras irregularidades.
“Los servicios fueron solicitados por dos servidores públicos sujetos a la supervisión del Subdirector de Calidad para el Deporte, a quien se le impuso la sanción tomando en cuenta la reincidencia y el nivel jerárquico”, dice el comunicado.
En los resultados de la observación número 3 de la auditoría 12/2019 que elaboraron los auditores OIC quedó asentado que, de manera indebida, Arturo Contreras Bonilla instruyó a la subdirectora de Estancias Deportivas, Sonia Guzmán Hernández, para que 11 personas pudieran desayunar, comer, cenar, recibir fruta e hidratación y siete de ellas, además, se hospedaran en las Villas Tlalpan.
Los supuestos entrenadores que han gozado de este beneficio son María Natalia Escobar Mota, Mónica Fontes Chávez, Eunice Romero Garibay y Raquel Micó Sánchez. Ellas en realidad forman parte de un grupo de “analistas técnicos” de la Conade cuya función es elaborar los dictámenes técnicos para los viajes y adquisición de material deportivo de los deportistas que han sido pagados a sobreprecio y comprobados con facturas alteradas y/o apócrifas como Proceso ha publicado desde abril de 2019.
Los prestadores de servicios son: Luis Daniel Cosmes Zermeño, Francisco Reyes Hernández Aguilar, Sheila Hanan Ramírez Mena, Eduardo Ramírez Mena, Gisela Solís Chavira, Roberto Vences Medina y Margarita Enríquez García, todos ellos coludidos con Arturo Contreras Bonilla.
Para tratar de justificar que viven y comen en la Conade, Contreras Bonilla hizo pasar a estas personas como “empleados” cuando los contratos del Capítulo 3000 señalan claramente que no tienen relación laboral alguna pues el objeto de su contratación es para prestar servicios profesionales, científicos y técnicos.
Asimismo, los “entrenadores” beneficiarios del fideicomiso Fodepar tampoco tienen una relación contractual y, por lo tanto, no son empleados ni prestadores de servicios.
“Lo anterior causó un daño al patrimonio y a los fines de la Conade afectando directamente el espacio para el hospedaje y alimentación exclusivo para deportistas y equipos multidisciplinarios y reflejándose en el incremento de los costos en los montos mínimos y máximos que se estipulan en el Contrato del Servicio del Comedor”, concluyeron los auditores en la observción 3.
De acuerdo con la auditoría el monto que debe recuperarse asciende a únicamente a 133 mil 487 pesos.
Los auditores instruyeron a Israel Benítez para que “realice la terminación anticipada de los contratos de los prestadores de servicios y que éstos devuelvan los costos generadores y/o en su caso aplicar penas convencionales para descontar el monto del daño al patrimonio de la Conade”.
También se le requirió a Benítez que diera de baja a los “entrenadores” quienes de igual manera deberán devolver el dinero.
El Capítulo 3000 es una partida que en la Conade se ha utilizado para cubrir la falta de personal de estructura que desempeña alguna labor de carácter profesional, científico y servicios especializados en la subdirección de Calidad para el Deporte.
No obstante, históricamente, ha sido utilizada para contratar aviadores, amigos y familiares de los funcionarios de la Conade.
En la gestión de Ana Guevara como directora de la Conade esta práctica se ha perpetuado. Además de que se extendieron más contratos con respecto a administraciones pasadas, uno de los prestadores de servicios es el sobrino del propio Israel Benítez, Ricardo Salazar Benítez.
Salazar Benítez cobra como prestador de servicios 24 mil 477 pesos mensuales (31 mil pesos menos impuestos) por concepto de “proveer el servicio de gestión administrativa para el albergue en Villas Tlalpan, llevando a cabo acciones coordinadas con el área metodológica y administrativa del área de alto rendimiento”.
Además de haber metido a un familiar directo a trabajar en la Conade, la información sobre el servicio que presta su sobrino es falsa.
Ricardo Salazar Benítez no está adscrito a la subdirección de Calidad para el Deporte, que es el área donde se desempeñan quienes están contratados a través del capítulo 3000.
El familiar de Israel Benítez está en la dirección de Eventos Deportivos que depende de la subdirección de Cultura Física. De hecho, viajó comisionado durante un mes para participar en algunos de los eventos de la Olimpiada Nacional 2019.
El subdirector de Cultura Física de la Conade es Óscar Juanz Rousell, quien es cuñado de Israel Benítez. La hermana de Juanz, de nombre Julieta, está casada con Benítez.
