- Los gobiernos están obligados a establecer mecanismos para que no se viole este derecho universal
- Debe de haber denuncias para que se deje de normalizar esta violación de los derechos
Es necesario realizar denuncias cuando se le niega el acceso a la salud a una persona argumentando objeción de conciencia. Cuando esto ocurre, se deben de generar mecanismos entre asociaciones civiles y gobierno para garantizar este derecho, también se deben de revisar mecanismos internacionales que obliguen al estado a cumplir, señaló el activista Iván Tagle.
Desde mayo del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adicionó el artículo 10 bis a la Ley General de Salud la cual establece que, el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios.
En la relatoría de Samuel, un hombre trans que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social por problemas ginecológicos, señaló que hubo médicos que no le quisieron dar atención argumentando objeción de conciencia y, aunque en su caso fue atendido por otro médico, hay personas de la comunidad trans que no tienen la misma suerte, algunos simplemente prefieren acudir al sector privado para tener atención.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Sin embargo, para algunos sectores el tener acceso al sistema de salud puede tornarse complicado.
Para Ivan Tagle, director general YAAJ México, consideró que es necesario que cuando una persona no tenga acceso a la salud y esté presente este argumento de objeción de conciencia siempre se denuncie para visibilizar la deficiencia que aún persiste.
“Era algo que nosotros nos preguntábamos en la pandemia, algo que observamos a nivel internacional las necropolíticas por parte de los estados que se están implementando para decir que cuerpos son los que sirven para la capital y cuáles no. En ese sentido partíamos de la reflexión de, si una mujer trans en la última línea necesita un respirador, cómo podríamos garantizar ese acceso a la salud y que no existan estos preceptos”, señaló Tagle.
Resaltó que es necesario que se tenga una denuncia porque de no existir tal será difícil que todos se organicen para exigir el reconocimiento de los derechos y es importante que toda persona deje de normalizar este sesgo en los derechos.
Iván Tagle dijo que si por alguna razón un médico no quiere dar atención a la comunidad trans o algún otro miembro de la comunidad LGBT se puede trabajar para lograr una reparación del daño hecho. Tiene que haber articulación entre asociaciones civiles, gobiernos y analizar los mecanismos internacionales que podrían obligar a los estados a cumplir.
