Tres expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como cinco exsecretarios de Estado priistas y panistas, dos gobernadores actuales por el PAN, un exdirector de Pemex y uno del Infonavit, fueron denunciados por Emilio Lozoya Austin en “hechos posiblemente constitutivos de delito”.
En su declaración de hechos del pasado 11 de agosto, Lozoya Austin declaró en forma prolija la forma en que cada uno de los exservidores públicos que laboraron en los dos sexenios pasados, recibieron sobornos, mismos que fueron pagados con recursos de la empresa brasileña Odebrecht.
Aunque nunca establece el delito de “traición a la patria”, Emilio L. sí deja en claro que, durante la administración de Peña Nieto, este dejó que una empresa extranjera determinara la política energética del país, y que cometió actos que afectaron la soberanía del país “sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”.
Además, durante la administración de Felipe Calderón, detalla cómo se entregó a la filial de Odebrecht, la empresa Braskem, el contrato para la venta de etano con “un descuento inexplicable”, con pérdidas millonarias para el país. Incluso, llama la atención la forma en que se dejó de invertir en la petroquímica por parte de la siguiente administración.
Respecto al expresidente Carlos Salinas de Gortari, establece cómo fue que “bloqueó” inversiones de cientos de millones de pesos para la industria de fertilizantes y en la cual participaba la planta de Agronitrogenados con la producción de amoniaco.
De los exsecretarios, en primer término, se refiere a Luis Videgaray Caso, quien operó la entrega de sobornos que hizo Marcelo Odebrecht a través de su empresa; cómo este le dijo que se entrevistara y recibiera los recursos.
Y por lo que se refiere a Agronitrogenados, describe la insistencia de Videgaray y Peña Nieto en la recompra de la planta convertida en chatarra, así como la participación directa del primero para que el avalúo y los préstamos para rehabilitarla se dieran.
Y aunque al resto los ubica en el momento en que cometieron los presuntos actos ilegales, es decir, siendo senadores, cada uno de ellos ocupó durante las administraciones federales de Calderón y de Peña Nieto secretarías de Estado.
Están, por ejemplo, Ernesto Cordero, quien habría recibido dinero proveniente de Odebrecht, vía Luis Videgaray, por participación como secretario de Hacienda para concretar el contrato de Etileno XXI; a José Antonio Meade Kuribreña, también como exsecretario de Hacienda, por haber evitado que se discutiera nuevamente el contrato de Etileno XXI en el año 2011.
A José Antonio González Anaya, como personero de expresidente Carlos Salinas de Gortari y quien en algún momento se desempeñó como secretario de Hacienda, pero lo señala cuando actuó como director de Pemex, al igual que a Carlos Treviño Medina, también director de Pemex al final del sexenio de Peña Nieto.
Igualmente, denuncia a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. A ambos los ubica como unos “extorsionadores”, quienes en su cargo de senadores condicionaron la aprobación de la reforma energética a la entrega de millones de pesos. Mismos que fueron pagados con sobornos de Odebrecht.
Otro de los senadores panistas que es señalado es Salvador Vega Casillas, quien fuera secretario de la Función Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. En el mismo sentido señaló al exsenador Jorge Luis Lavalle Maury y su secretario particular, Rafael Caraveo Opengo, este último como quien cobraba las “extorsiones” para votar a favor la reforma energética.
También denuncia a Ricardo Anaya y a su secretario particular Osiris Hernández por haber recibido, cuando el primero fue diputado federal, sobornos para la reforma energética.
Emilio Lozoya describe la presunta corrupción en que participaron todos en forma coordinada, como si fueran un grupo del crimen organizado que actuó desde sus posiciones de poder público: “…existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que desde las más altas esferas del régimen, instrumentó lo necesario, incluyendo al Poder Legislativo, para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México, sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”.
Es decir, incurrieron en lo que podría tipificarse como “traición a la patria”.
La denuncia de hechos contra el ilícito que resulte, también incluye a la reportera Lourdes Mendoza, quien habría sido comprada por Luis Videgaray para que escribiera a favor. Esto es, recibía presuntamente, lo que en el argot periodístico se le llama “chayo”.
Lo anterior como parte de la denuncia de hechos que presentó el pasado 11 de agosto y sobre la cual, tanto la defensa de Emilio Lozoya Austin, como la Fiscalía General de la República, se deslindaron de la filtración a todos los medios de información.
