- De aprobarse amparo y acción de inconstitucionalidad sentará precedente nacional
- Son ya 20 entidades donde se está hablando de una iniciativa similar al Pin Parental
El amparo que promovieron varias organizaciones civiles nacionales y de Aguascalientes que trajo como consecuencia la suspensión definitiva del PIN parental, forma parte de una estrategia que permitirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice las acciones de inconstitucionalidad presentadas, pues de aprobarse, sentará una precedente muy importante para las 20 entidades de México donde se está hablando de una iniciativa similar, que propone incluir una educación con “perspectiva de familia”.
En rueda de prensa convocada por las organizaciones civiles que promovieron el amparo ante el segundo juez de Distrito, como Coletivo SerGay, Morras Help Morras, Redim y TerFu y GIRE, Alex Alí Méndez, coordinador de documentación y litigio esta última, explicó que una vez ganada la suspensión definitiva del Pin Parental evitará por el momento que las autoridades educativas den a conocer a los padres de familia y tutores, de forma previa, el contenido y las fechas en las que se van a impartir los talleres en los rubros de moralidad sexualidad y valores, de tal manera que no sea posible determinar la asistencia o no de niñas, niños y adolescentes a estos talleres, así como de obtenerse de buscar su consentimiento. Esto mientras se resuelve el juicio en la SCJN y en el Juzgado de Distrito donde se presentó el juicio de amparo, desde donde se emitió la orden que ya fue acatada por el Ejecutivo estatal: “Lo que dice el juez de Distrito es que no se van a dar a conocer a los padres las fechas de cuando se impartirán estos talleres, es decir, sí se van a dar a conocer los contenidos, pero las fechas no, para que no se pueda evitar que los estudiantes acudan a recibir esos contenidos en sexualidad laicos, científicos y con perspectiva de género”.
Observó que a finales de enero de este año comenzaron a presentarse iniciativas para reformar leyes de educación en las entidades federativas de México, cuyo objetivo es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, y recabar su autorización explícita para que sus hijas e hijos menores de edad participen en dichas actividades. Esto es conocido como PIN Parental, un candado que se otorga a los responsables de los menores para impedir el acceso de sus hijos a este tipo de contenidos, lo que sin duda viola los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Detalló que actualmente son ya 20 entidades del país en donde se está hablando de una iniciativa sobre el PIN parental: En Aguascalientes se aprobó y se publicó en el Periódico Oficial; en Baja California, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Veracruz existen iniciativas formalmente presentadas; en Coahuila, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Morelos los grupos antiderechos están presionando para que la iniciativa sea presentada, aunque oficialmente no existe ninguna; en Guanajuato existe una iniciativa formalmente presentada que no hace mención a la figura del PIN parental, pero propone incluir una educación con “perspectiva de familia”, frecuentemente referida en medios y por otras organizaciones como equivalente al PIN parental. Al momento de la rueda de prensa se confirmó que el pasado jueves 18 de septiembre el Congreso local de Tabasco presentó la propia.
Apuntó que en caso de la Corte declaré la inconstitucionalidad de la ley de Aguascalientes, además de dejarla sin efecto, está el mensaje que se enviaría desde la SCJN de qué sucederá si se aprueba en otros estados, y el alcance del artículo tercero Constitucional sobre el derecho a la educación y se habilitarían la posibilidad nuevas acciones legales en otros estados con una perspectiva de éxito.
Dijo confiar en que, tanto las acciones de inconstitucionalidad y el amparo tendrán éxito debido a que ya existen antecedentes de la importancia que la Corte da a los temas de la educación para niñas, niños y adolescentes.
