CIUDAD DE MÉXICO.- Desde agosto de 2019, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acusó al general Salvador Cienfuegos Zepeda ante el juez Brian Cogan de la Corte para el Distrito Este, de Nueva York –el mismo que condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua–; la agencia designó al Secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto como “El Padrino”, y le imputó cuatro cargos relacionados con tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana y, por lavar dinero del narcotráfico.
De acuerdo con el acta de acusación del caso CR 19-366, fechado el 14 de agosto de 2019 y difundido por periodistas estadunidenses, el general participó en redes de narcotráfico al menos entre diciembre de 2015 y febrero 2017, es decir, mientras encabezaba la Sedena y, como tal, tenía bajo su mando a más de 50 mil soldados de la institución, repartidas en 182 unidades en las 12 regiones militares del país, además de la Fuerza Aérea Mexicana, que tiene el control del espacio aéreo a lo largo y ancho del territorio.
Es más: como titular de la Sedena, tenía a su cargo gran parte de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, lanzada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa –en cuyo último año fue Oficial Mayor de la institución castrense– y continuada durante el sexenio de Peña Nieto; como parte de esta “guerra”, la Sedena participó en combates contra grupos civiles armados, y en decomisos y destrucciones de sustancias ilegales.
En los primeros tres cargos que le imputan, las autoridades de Estados Unidos lo acusan de haber participado, junto con otros, en el tráfico y la distribución de un kilogramo de heroína, cinco kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y una tonelada de mariguana.
El cuarto cargo remite a operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, también realizadas entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, en el distrito Este de Nueva York y “en otras partes”.
Según el documento, el militar realizó al menos una transacción financiera que involucró montos en pesos y dólares, y además “trasportó, transmitió y transfirió herramientas financieras y fondos desde uno o más lugares en Estados Unidos hacia y a través uno de más lugares de Estados Unidos, hacia una o más ubicaciones y receptores en México”, lo anterior, a sabiendas que el dinero tenía un origen ilegal, y que la operación financiera “servía a esconder y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los fondos productos de una actividad ilegal”.
