La histórica decisión de la cámara de diputados, al rechazar la aprobación de las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox Quesada, correspondientes a los años 2002 y 2003, no debe convertirse en un instrumento más de negociación política para someter al partido en el poder y su presidente fallido a los intereses mezquinos de la partidocracia que todo lo negocia a espaldas de la sociedad.
La fiscalización de las cuentas públicas de la administración foxista, relacionadas con diversos escándalos, como el llamado toallagate, la mega biblioteca, la remodelación del Rancho Fox y la playa Tamarindillo, de muestra de los gastos vinculados con Vicente Fox quien, fiel a sus uñas largas, le rascó al dinero público para satisfacer sus insaciables apetitos de riqueza malhabida en agravio del patrimonio nacional.
La Auditoría Superior de la Federación detectó en las Cuentas Públicas de 2002, 2003 y 2004, irregularidades no solventadas aún, que ascendieron a 164 mil 931 millones de pesos, según datos aportados por la Comisión de Vigilancia del citado órgano superior de fiscalización, quien también señaló malos manejos en los 700 mil millones de pesos de excedentes petroleros que el gobierno federal dilapidó en gasto corriente, salarios y una casta burocrática que hizo de la corrupción una de las instituciones más acabadas del régimen. con el sello incomparable del Partido Acción Nacional. mantenedor de prácticas y valores contrarios a los principios éticos y de legalidad. que tal parece se arraigaron en cada una de las entidades que gobierna y donde aún siguen existiendo reglas de operación que no son del todo transparentes para el ejercicio del gasto de los programas federales, como los subsidios, donativos, fideicomisos y procesos de contrataciones públicas.
El discurso del gobierno del cambio, enfocado inicialmente en disminuir los niveles de corrupción y emprender una reforma administrativa, sustentada en los valores de la transparencia y rendición de cuentas, resultó ser un eslogan más de la barata mercadotecnia cocacolera puesta en práctica por Vicente Fox, convertido en el más notable traidor a la democracia de los últimos tiempos.
La ineficacia, la ineptitud y la ineficiencia fueron los signos que distinguieron sin lugar a dudas al folclórico ex presidente, beneficiado por su propia Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recién abrogada por el Poder Legislativo Federal que aprobó una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas , y que al menos contempla la revisión de los subsidios, transferencias, donativos, gastos fiscales y deuda pública y que además amplía las facultades para sancionar a servidores públicos y profundizar las revisiones al gasto de los recursos públicos para fincar responsabilidades resarcitorias a funcionarios y a particulares que dañen la hacienda pública y el patrimonio nacional, independientemente de otros procesos administrativos o penales, aspectos que Vicente Fox escamoteó a su antojo.
Sólo resta saber si con esta ley, la no aprobación de las cuentas públicas elimina el círculo de inmunidad en el que se amparan los gobernantes y destierra el abuso y los excesos que estos ejercen sobre el gasto público. Que caiga todo el peso de la ley sobre Vicente Fox y que por primera vez en la historia de México se castigue a todos aquellos traficantes de miseria que se enriquecieron en el ejercicio del poder público con penas ejemplares como la que esperamos le finquen al traidor a la democracia. n
