Con la fuga de reos del penal de Cieneguillas en Zacatecas, el gobierno usurpador no sólo logró minimizar los sucesos del estado de Morelos, donde se comprobó la complicidad del secretario de Seguridad Pública del gobierno panista con el crimen organizado, sino que ocultó la verdadera dimensión de la problemática existente en las cárceles mexicanas, donde los asesinatos, corrupción, extorsión, hacinamiento, motines, prostitución y tortura están a la orden del día. Estos hechos, más allá de la perversa intención electorera de culpar a la gobernadora Amalia García, quien meses antes había solicitado al gobierno federal el traslado de prisioneros de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad, asoman el rotundo fracaso del sistema penitenciario mexicano, que ha engendrado más conflictos éticos, sicológicos y económicos en sus propias poblaciones carcelarias, que los que busca resolver.
Resulta incuestionable que en nuestro país se castiga más al pobre que al delincuente. La mayor parte de los delincuentes son jóvenes y pobres. Y la imposibilidad de separar a los internos según los diversos tipos de delitos, ha hecho de las prisiones escuelas de delincuencia. Ninguna cárcel mexicana ha servido para transformar al criminal en un ciudadano honesto, readaptado de acuerdo a los programas oficiales de los gobiernos en turno. El sistema carcelario tampoco ha funcionado para reformar la conducta de los delincuentes, para quienes la prisión representa la mejor escuela del crimen organizado y la institución superior de la enseñanza del delito. No es una exageración que gran parte de la sociedad considere las prisiones como auténticas universidades del crimen. Lo anterior permite concluir que, en los llamados centros de readaptación social, no estén recluidos los delincuentes más peligrosos, sino aquellos cuya detención ofrece menos dificultades. Por otra parte, el acceso a la defensa o la posibilidad que algunos tienen de sustraerse a la justicia mediante el soborno, ocasiona que exista un gran número de pobres en las prisiones, mientras que un elevado número de delincuentes profesionales y de cuello blanco quede fuera de ellas.
Los gobiernos del PRIAN se olvidaron de la justicia social y el bien común para confabularse en la edificación de un sistema judicial que nunca corregirá sus vicios en materia de readaptación mientras existan legislaciones hechas al vapor, la mayor parte improvisadas y superficiales, producto más de fenómenos mediáticos que del análisis sociológico y jurídico que toque el fondo de la problemática carcelaria. Las reformas penales efectuadas desde 1994 por estos partidos, sólo se han enfocado a endurecer las penas y a prolongar la estancia en las prisiones, en particular de prisioneros de poca monta, con medidas administrativas que han provocado que el sistema penitenciario mexicano se encuentre colapsado. Nadie ignora que el narcotráfico se ha transformado en el tema principal de la seguridad pública, aspecto que ha abrumado al sistema judicial y ha rebasado la capacidad de las prisiones mexicanas, que tienen la mayor tasa de encarcelación en América Latina. Las clásicas soluciones de corte represivo vulneran a los sectores más pobres de la sociedad. Es imprescindible que el estado realice acciones concretas y permanentes contra las múltiples causas del delito, dejando atrás el camino de multiplicar las penas con la finalidad de contener el crecimiento del número de delitos, política que a la luz de la realidad, ha resultado ser un fracaso. Reducir los encarcelamientos es el gran desafío al que se enfrentan todos los gobiernos en el mundo. Así las cosas, te lo digo PRI para que los escuches PAN.
