La solicitud de Juicio Político que legisladores de varias fracciones parlamentarias presentamos al Congreso del Estado y que éste a su vez turnó a la Comisión de Justicia por afectaciones graves a la hacienda pública municipal y por violaciones a las garantías individuales cometidas por el presidente municipal de Aguascalientes Gabriel Arellano Espinosa en el ejercicio de su función pública, generó al seno de la comisión legislativa un debate de bajísimo perfil de la fracción parlamentaria del PRI quien fiel a su naturaleza acomodaticia, dictaminó al vapor, como si de tamales se tratara, un menú con tres sugerencias de alta cocina legislativa, al gusto de los más exigentes paladares justicieros y de las más opíparas lenguas libertarias. Los legisladores del PRI, en lugar de poner a trabajar sus mentes en favor de la justicia social que postula su partido, pusieron a funcionar sus estómagos trituradores del Derecho, para justificar las fechorías de su “compañero de partido” y a la manera de la chimoltrufia como dijeron una cosa, dijeron otra. Argumentaron en uno de los platillos ofrecidos que Gabriel Arellano Espinosa no podía ser sometido al mencionado proceso en razón de que la Constitución Política de Aguascalientes no señala expresamente a los presidentes municipales sólo a síndicos y regidores. Ignoraron como lo contempla la Carta Magna que “son sujetos de juicio político todos los servidores públicos de elección popular”. En otra de sus sugerencias de buen gourmet, espetaron con espontáneos eructos leguleyos, que la Comisión de Justicia no es competente para enjuiciar políticamente a los funcionarios de elección popular que en el ejercicio del poder público son denunciados por presuntos delitos de peculado, malversación de dinero público, afectaciones graves a la hacienda municipal y de trasgresiones a las garantías individuales, afirmando con feroz apetito jurisprudencial que es el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, y nadie más, el que tiene la facultad exclusiva para investigar sobre la posible existencia de esos ilícitos, en un delicado acto de atragantamiento hambreador que interrumpió la buena digestión de los demás comensales al banquete de la justicia tricolor. Y dijeron más… “Sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para conocer sobre violaciones graves a las garantías individuales mediante el juicio de amparo…” Se tragaron sin masticar, que todos los presidentes municipales son funcionarios públicos de elección popular, responsables por los actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Se preguntará el lector, cuáles son entonces las facultades consagradas para la Comisión de Justicia en materia de Juicio Político según la singular gastronomía de los Chefs de Palacio Legislativo para quienes la justicia, contemplada en sus resolutivos a la carta, es tan sólo un ingrediente opcional al gusto de los cocineros y no de quienes pagan el costoso platillo de la justicia. A final de Cuentas en el Congreso del Estado de Aguascalientes lo que menos interesa es anteponer la fuerza de la razón a la razón de la fuerza. La lógica jurídica es desplazada sin argumento alguno por una mayoría para quienes la justicia es un accesorio posible pero no necesario en nuestra sociedad.
Sólo resta saber si el dictamen que declara la procedencia del Juicio Político contra Gabriel Arellano Espinosa habrá de convertirse en la sugerencia del día en los blancos manteles de la Comisión de Justicia este próximo miércoles.
