Hace tiempo, en la televisión, había un promocional contra la corrupción en la que una dama daba unas monedas al vigilante para que le permitiese estacionar su automóvil en una sección de la calle donde la banqueta tenía una rampa para personas con capacidades diferentes. Al llegar una persona en silla de ruedas, se ve que no puede acceder por el lugar reservado para su uso y tiene que bajar al arroyo vehicular porque el auto de la dama estorba el acceso. Al bajar con dificultad a la vía rápida, pasa un veloz camión que atropella dramáticamente al hombre de la silla de ruedas.
Por el beneficio de usar un bien público, adquirido temporalmente a cambio de unas monedas por la dama del auto, quien debía ser el beneficiario del bien, resulta gravemente afectado. El caso dramatizado en ese comercial pone en perspectiva la inoperatividad del ultra-liberalismo económico del cual nuestro gobierno se precia. El incendio de la guardería ABC es el más patético y reciente ejemplo de lo que significa privatizar las ganancias socializando las pérdidas. Y es que a nuestra sociedad, se le ha hecho invisible esta noción. El llamado neoliberalismo nos ha legado una política de Estado omiso que atenta contra la propia integridad del Estado al anular de facto la vigencia de los “bienes públicos”.
Resulta sencillo identificar un bien público cuando decimos que son las calles, las plazas públicas, reservas territoriales, los parques y jardines. También lo son los activos que están resguardados por los gobiernos, desde autos y edificios hasta fideicomisos y fondos de desarrollo. Las leyes de planeación y desarrollo urbano, códigos, normas e incluso prácticas comunes permiten delimitar bienes y espacios públicos.
Los hospitales, los mercados y centros comerciales, aunque estén administrados por entidades privadas, no dejan de ser bienes públicos. Hay leyes para algunos, como los partidos políticos, y reglas de concesión, para otros, los medios de comunicación o el espectro electromagnético. Pero no siempre se contemplan los efectos del uso de éstos cuando al reportar beneficio para unos, limitan a otros los beneficios que debieran obtener a través del bien público.
El costo que la sociedad tiene que cubrir explícita o implícitamente por el que alguien disfrute de beneficios de los bienes públicos, la ciencia económica lo llama “externalidades negativas”. A través de este concepto sí existen mecanismos para fincar responsabilidades. En nuestro marco jurídico, los daños pueden cuantificarse vía una prueba pericial de orden económico. Las insistentes ideas difundidas por todos los medios respecto a la privatización y los vagos conceptos de competitividad tan de moda hoy en día, nos han cegado ante los abusos de particulares y uno que otro gobernante que se apropian impunemente de bienes públicos.
Sucede a menudo que el desvío en el fin y propósito de los bienes públicos por parte de gobernantes cuenta con la coparticipación de subordinados que tramitan la legalidad de lo injusto, porque los marrulleros harto cuidado tienen en este aspecto. En estos casos, aún no habiendo falta punible en el campo de las leyes que norman la administración pública, con el cálculo de los costos por externalidades negativas es posible fincar responsabilidades civiles, mercantiles e incluso penales a funcionarios que obtengan beneficios ilícitos a costa bienes públicos.
Las externalidades no siempre están en términos monetarios. Al poner las funciones de gobierno en términos de dinero, los valores sociales e incluso humanos por los que el Estado debe velar, se distorsionan y se menosprecian. ¿A cambio de cuánto dinero ganado en una guardería, los concesionarios dejaron que se perdieran 48 vidas humanas?
El caso extremo de la apropiación privada de beneficios a partir de bienes públicos es precisamente el dinero. Por su uso comúnmente aceptable como medio de cambio, el dinero es un bien público.
El dinero es un mero referente de valor; el dinero fiduciario que hoy circula, no tiene respaldo en cosas reales. Sin embargo se ha permitido a los bancos privados apropiarse de la emisión exclusiva de dinero en forma de crédito, transfiriendo alto costo social al dejar de ser un bien público. La gente sufre, padece de hambre y muere por no tener suficientes dígitos en una pantalla de computadora. El crédito es un simple juego de emisión privada de asientos contables que se retroalimentan de asientos contables en un mundo virtual. No tiene correspondencia en el orden de realidad de las cosas. Se multiplica ilimitadamente a sí mismo a través de los intereses. El crédito se auto-reproduce mientras que un auto o una casa no exudan de sí mismos más autos o casas.
La privatización de las ganancias, con su consecuente socialización de las pérdidas, continuará destruyendo nuestro contrato social en tanto no reconozcamos la importancia de identificar los bienes públicos.
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