Ante la pregunta de quiénes deberían intervenir de manera directa en la elaboración del presupuesto de gasto público, la respuesta, apegada a lo que hoy marca la Constitución Política de la República, es que participan el Ejecutivo elaborando y enviando el proyecto, y el Legislativo modificando y aprobando dicho proyecto.
Es el Artículo 74 en su fracción IV, primer párrafo, el que
determina como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados: “IV.
Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo
examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por
el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo…”
Para el caso del Estado de Aguascalientes su Constitución Política
establece en el Artículo 27, fracción III, como facultad del Congreso,
lo siguiente: “III.- Examinar, discutir y aprobar anualmente el
Presupuesto de Egresos del Estado, en el que no podrá haber partidas
secretas, tomando en cuenta la Iniciativa enviada por el titular del
Poder Ejecutivo, a la cual el Congreso, en su caso, podrá hacer
modificaciones”.
En ambas constituciones se precisa que el Congreso podrá hacer
modificaciones a los presupuestos enviados por los ejecutivos; en
Aguascalientes esta facultad fue añadida a la Constitución del Estado
recientemente, en el año 2008, por la actual Legislatura (En la red,
sitio del Gobierno del Estado).
En este contexto observamos varios aspectos que considero
interesante reflexionar: la función social del presupuesto de egresos;
la vinculación entre el presupuesto de egresos y el proyecto de
gobierno de los ejecutivos; y el papel de los legisladores en la
elaboración del presupuesto de egresos.
En el primer punto es claro que los presupuestos de egresos de los
gobiernos son el instrumento que modela y construye la forma de
sociedad que deseamos; el elemento previo y básico para la aplicación
del presupuesto es el diseño y confección del tipo de sociedad que
queremos ser, en el que se determina, por ejemplo, cómo debe funcionar
la economía, cómo participamos en ella los ciudadanos, qué beneficios
esperamos de la acción económica y cómo llega su resultado como
beneficio a la sociedad. De esta forma se diseña y confecciona cómo
deben realizarse las actividades públicas de salud, educación,
vivienda, cultura, deporte, etc.
De ahí que ejercer o aplicar un presupuesto debiera expresar de
manera puntual para la sociedad qué resultados debemos esperar al final
de cada ejercicio en cada uno de sus rubros; el presupuesto, entonces,
es el instrumento con el que se construye la sociedad en la que todos
estamos y contamos.
El proceso político para la elección de los gobernantes está basado
en la propuesta que hacen los partidos políticos y sus candidatos de un
modelo de sociedad –que para el que gana la elección se convierte en la
fuente de inspiración de su próximo gobierno-, de cómo atender sus
necesidades y resolver sus problemas para lograr su desarrollo,
favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de
la comunidad-sociedad. En este segundo punto los ejecutivos que ganaron
la elección deben tener además la necesidad -con capacidad y habilidad
políticas- de transformar la propuesta partidista de la campaña
electoral en la síntesis de las aspiraciones de todos los sectores de
la sociedad, para estar en posibilidad de dar una respuesta de estado a
las necesidades y problemas de la sociedad.
Respecto del tercer punto, hoy vivimos papeles compartidos que en
ocasiones se vuelven confusos respecto de las responsabilidades
constitucionales de los poderes legislativos y ejecutivos; si partimos
del punto de la diferencia funcional de legislar y ejecutar,
encontramos que la etapa en que el ejecutivo legislaba y el legislativo
sencillamente aprobaba lo enviado por el ejecutivo, quedó en el pasado.
El péndulo político está ahora en el lado opuesto: el legislativo
aprueba leyes y, en el caso presente, determina finalmente el
presupuesto de egresos del ejecutivo.
Colocar el péndulo en el punto de equilibrio sería permitir al
ejecutivo elaborar el presupuesto con el que realizará la construcción
de sociedad que, de manera interactiva con la sociedad, haya diseñado y
confeccionado previamente; modelo de sociedad que, ciertamente, debe
contar con la aprobación del legislativo, como representante –que no
delegado- de la misma sociedad, acto que sería el antecedente obligado
para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, asunto propio
del legislativo y con toda la justificación de hacerlo.
Desde luego que es un argumento debatible en todas sus
implicaciones: ¿los ejecutivos son confiables como para poner en sus
manos la decisión de cómo gastar los recursos de la sociedad? ¿son
confiables a pesar de que las leyes de planeación y presupuestación
dicen cómo deben hacer los trabajos –en comunicación con la sociedad-?
¿los legisladores ven en las partidas presupuestales oportunidades
personales de promoción partidista en el futuro –que no pueden dejar
pasar así sin más-?
En la circunstancia actual lo que observamos es una pugna y puja por
la decisión de cómo van a quedar los presupuestos, con ventajas y
exclusiones entre todos y en todos los rubros; todavía nuestros
procesos políticos, tanto electorales como de gobierno, son muy
atropellados, y pensar en equidades y justicias sigue siendo utópico,
no obstante que en los discursos políticos se siga expresando su
realismo.
