El 31 de diciembre, según datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas fue notificado por primera vez en Wuhan (China) la enfermedad denominada como coronavirus (Covid-19). A partir de entonces, la realidad del mundo cambió, pasamos de el día a día a la cuarentena indefinida, a un miedo constante y prolongado de contraer la enfermedad y quizá morir por esa causa. Este miedo es fundado si empezamos a hacer números. Desde el primer caso hasta el pasado 2 de noviembre, se han registrado aproximadamente 1,21 millones de muertes siendo los países que más vidas han perdido a causa de la enfermedad Estados Unidos que supera los 236,500 muertos seguido de Brasil con alrededor de 160,100 decesos y hasta esa fecha alrededor de 47 millones de casos confirmados.
En razón de esta pandemia casi todos los países afectados decidieron desde sus órganos de gobierno, cerrar las distintas instituciones y transitar del trabajo presencial al trabajo el línea permaneciendo abiertas sólo aquellas de indispensable funcionamiento social y de salud. En México el camino recorrido no ha sido distinto al de otros países como España o Brasil; desde el mes de febrero se han implementado distintas medidas no solo para hacerle frente a la enfermedad con políticas como la sana distancia o el uso del cubrebocas, sino también se han tomado decisiones para que los Órganos del Estado sigan operando en la medida de lo posible y no dejen de atender las demandas ciudadanas más urgentes.
En este contexto es claro que la sociedad y las instituciones gubernamentales han cambiado en lo particular, y nuestra relación personal y comunitaria con ellas, también se ha trastocado. Hemos sido obligados como sociedad a replantear nuestra relación con las instituciones y el acceso que tenemos a la cosa pública. Un tema muy importante y trascendental para el funcionamiento de la sociedad es el acceso de los justiciables a los órganos jurisdiccionales.
La impartición de justicia en México se concibe como uno de los pilares de nuestro Estado democrático. Nuestro sistema judicial, nada ajeno a las circunstancias extraordinarias de vida por las que estamos pasando, se ha mostrado sensible en el tema de acercar la justicia a la ciudadanía a través de medios electrónicos y de las tecnologías de la información.
Precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó dos acuerdos claves para resolver de manera urgente y extraordinaria el problema del acceso a la justicia. A través del Acuerdo General número 8/2020 el Pleno reguló la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos. Posteriormente el 26 de mayo de 2020 emitió el Acuerdo General número 9/2020 que reguló la integración de los expedientes impresos y electrónicos en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal, salvo en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.
Ambos acuerdos puntualizan que como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes concatenando este derecho humano de acceso a la justicia con la garantía consagrada en el artículo 6 donde se obliga el Estado Mexicano a garantizar el acceso a la ciudadanía a las tecnologías de la información y la comunicación. Al combinar estos dos derechos es que se empieza a materializar el concepto E-Justicia.
Con estos acuerdos se reestructura a través de las tecnologías, la forma en el el Consejo de la Judicatura Federal imparte justicia desde una presencia virtual.
Al respecto, voces expertas advierten que la alternativa del juicio en línea aplicada a cierta clase de ellos solamente, aunado a las cargas que se le imponen al justiciable como la tramitación de la FIREL (que es la firma electrónica para todo lo relacionado a su tramitación), y contar con los medios electrónicos de vanguardia para presentarlos (computadora, internet, etc.), alejan a la ciudadanía del acceso a la justicia. Señalan además que, en la construcción de los sistemas de acceso a las nuevas tecnologías, el tema generacional de las personas es decir cómo las brechas generacionales marcan una diferencia en su relación con las nuevas tecnologías y las habilidades poseen para transitar de un juicio físico a un juicio en línea para todos los procesos judiciales en los tribunales, constituye una dificultad importante que trastoca el derecho de obtención de justicia.
Si le sumamos que en estos tiempos de pandemia la violencia hacia las mujeres ha aumentado, sobre todo para aquellas que pertenecen a algún grupo vulnerable y como tal, seguramente carecen de los medios económicos suficientes siquiera para cubrir las necesidades básicas del ser humano, el acceso a la E-justicia se complica enormemente.
Las necesidades de justicia durante esta pandemia constituyen un reto para las autoridades tanto federales como estatales y no hay todavía una ruta igual de accesible para todas, que nos ayude a no dejar a ninguna atrás.
Particularmente en el Estado, se advierte la necesidad de que más mujeres estén en puestos jurisdiccionales, empezando por el Supremo Tribunal de Justicia que esta semana ha estado en el ojo del huracán al conocerse la no reelección de su presidenta, situación lamentable para las mujeres pues por lo que se lucha también es por transversalizar la perspectiva de género en todos los órganos de gobierno y cambiar desde todos los espacios, la cultura que nos invisibiliza.
