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miércoles, enero 28, 2026

¿Un presupuesto para escapar de la crisis?

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Quizás en México todavía no lo alcancemos a dimensionar, pero el debate sobre la forma en que el Estado recauda y ejerce los recursos públicos no debe ser un asunto de unos cuantos, en el que los ciudadanos queden relegados a ser simples convidados de piedra, que a lo más que pueden aspirar es a que se construya un puente vehicular que les agilice el tránsito, o a que un programa asistencial del cual dependen sus niveles mínimos de bienestar no sea borrado con un “teclazo” por parte de algún funcionario de Hacienda.

Uno de los mayores déficits culturales de nuestro país tiene que ver
con la falta de empoderamiento de los mexicanos en los asuntos
económicos. Y esa carencia es hábilmente aprovechada por los poderes
fácticos para exponer a los consumidores a fraudes monumentales.

Ahora mismo, nuestros diputados federales discuten el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el año 2010. Los legisladores panistas, y
algunos priístas, han sostenido públicamente que el paquete económico
del próximo año debe fijarse como prioridad enfrentar la crisis por la
cual atraviesa el país. La lógica con la que actuaron en la Ley de
Ingresos nos hace suponer lo contrario: gravaron el consumo y el
ingreso (es decir, la productividad), y el monto total de gasto del que
dispondrá el Estado mexicano no tendrá incremento alguno.

El pasado miércoles, el periódico “El Financiero” publicó algunos
datos para iniciar con el análisis del presupuesto. Entre ellos, por
ejemplo, que el gasto programable previsto para el 2010 equivaldría,
apenas, a 18.7% del Producto Interno Bruto, en contraste con el 19.6%
del 2009.

Lo hemos sostenido muchas veces, pero no está de más repetir que
nuestra clase política se ha auto-flagelado, condenando al país a ser
uno de los de menor capacidad de gasto en todo el mundo. Es un 33%
menor al de países como Argentina, Venezuela y Brasil, y un 25% menor
al de Honduras.

Para documentar el pesimismo, a la baja en el gasto debemos agregar
su distribución. Por ejemplo, en lo que refiere a pensiones, los
recursos destinados serán este año del orden de 2.4% del PIB, en
contraste con el 2.1% del año pasado. Parece poca cosa el .3% del PIB,
pero significa un aumento en el monto erogado del 15%,  equivalente a
42 mil 500 millones de pesos adicionales para nuestros jubilados (4
veces el presupuesto destinado a Aguascalientes, por ejemplo).

Como es natural, el gasto en inversión se verá reducido. Pasará de
4.5% a 4.1% del PIB, que vuelve a parecer poco, expresado en
porcentajes simples, pero que a la ahora de situarlo en términos
relativos, significa una contracción de 10%, y una disminución de más
de 50 mil millones de pesos. Casualmente, la disminución del gasto en
inversión es casi equivalente a lo que se prevé como aumento del gasto
corriente; algo difícil de explicar en tiempos de recesión económica.

Hace unos días, durante el foro convocado por los diputados
federales aguascalentenses de Acción Nacional, Ricardo Serrano Rangel
expresó a los legisladores la inconformidad. Les pidió no subestimar a
los ciudadanos, ni su capacidad de análisis, y actuar de forma
congruente. “Si quieren nuestra confianza, cuando menos sean
transparentes en el ejercicio de los recursos”, los exhortó.

Las palabras de Ricardo parecieron un presagio a los datos
publicados por el Centro de Análisis e Investigación “Fundar”: en 2009,
México obtuvo la peor evaluación en materia de transparencia
presupuestaria de los últimos ocho años, por debajo de países como Perú
y Panamá. Algunos de los aspectos peor calificados son “Participación
ciudadana”, “Control sobre funcionarios públicos” y “Rendición de
cuentas”.

Además de todo, y como lo señalara Macario Schettino en el mismo
foro antes referido, está el problema de los gobernadores y los
alcaldes, que ejercen el 60% del gasto total del gobierno sin ningún
tipo de contrapeso o supervisión. Mucho menos hay sanciones. La
reciente aprobación por parte de los diputados locales del PAN y el PRI
de la Cuenta Pública del segundo semestre de 2007, pese a que se
detectaron irregularidades por casi $1,000 millones, es la mejor
muestra.

Con una clase dirigente así, no hay esperanza de que escapemos de la
crisis, sino todo lo contrario, pese a la sonrisa glotona con la que
Enrique Peña Nieto saborea los recursos de los que dispondrá con
absoluta impunidad.

No tienen remedio.

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