- Aunque se han modificado 28 artículos constitucionales, 62 leyes y creado 16 nuevos ordenamientos, AMLO ha preferido los decretos, acuerdos y órdenes verbales
- El mismo presidente ha propuesto darle prioridad a la justicia, la cual puede confundirse con la política y prescindir del instrumental jurídico
El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una complicada relación con el derecho, de modo que lo moldea con tal de conseguir los objetivos del proyecto político llamado Cuarta Transformación (4T). En esto coincidieron los participantes de la mesa “El derecho y los reveses”, en el marco del programa FIL Pensamiento, la cual fue moderada por Nicolás Alvarado y organizada por el Centro Universitario de los Altos (Cualtos) de la Universidad de Guadalajara.
El director del CIDE, Sergio López Ayllón, consideró que las conferencias matutinas del presidente López Obrador son un ejercicio para comprender la complicada relación que tiene el mandatario con el derecho, pues ahí ha lanzado propuestas a todas luces inconstitucionales, como cuando declaró que la Guardia Nacional debería de tener un mando adscrito al ejército y coordinarse entre militares y civiles a través de un consejo, lo cual va en contra de la reforma constitucional aprobada por el Congreso en 2019.
López Ayllón añadió que, aunque el presidente prometió que no habría reformas constitucionales, ha realizado 36 modificaciones a 28 artículos de la Carta Magna.“El rasgo más preocupante es la tendencia al populismo punitivo, como la extinción de dominio, guardia nacional, prisión preventiva oficiosa, que apuntan a un reforzamiento de las capacidades de control de represión del Estado, y la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Todas estas reformas dan una dimensión preocupante que tiene que ver con el uso de la fuerza del Estado en condiciones en que no se respeta cabalmente el Estado de derecho”, subrayó.
Dijo que, además, el Congreso de la Unión ha modificado más de 62 leyes y creado 16 nuevas; sin embargo, en muchas ocasiones no concuerdan con las reformas constitucionales, y el presidente echa mano de decretos o acuerdos que violentan la Carta Magna, e incluso, órdenes verbales.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, resaltó que en el Estado de derecho debe ser el derecho el que delimita y moldea el poder, y en los Estados absolutos el poder hace lo propio con el derecho. “No está de más recordar que en el México moderno es el primer presidente politólogo. Los presidentes, como sabemos, previo a Salinas de Gortari, eran abogados, con visión ceñida a las formas del derecho. Luego, dos economistas al hilo y un empresario con visiones distintas, pero sin tensión con el instrumental jurídico; luego, dos abogados y hoy un personaje que no se siente cómodo con el derecho. En lo simbólico, para el presidente, el derecho es estorbo, el derecho es un obstáculo”, declaró Salazar Ugarte.
Recordó que el mismo presidente ha propuesto darle prioridad a la justicia, la cual puede confundirse con la política y prescindir del instrumental jurídico. También llegó a decir que “no todo es derecho” cuando justificó la organización de una consulta para preguntar a los ciudadanos si se juzga a los expresidentes.
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e investigador de El Colegio de México, José Ramón Cossío Díaz, dijo que los derechos, las obligaciones y las competencias están regladas y eso, en el fondo, dificulta la operación del actual gobierno. “El presidente tiene, buena o mala, una concepción del país, de la política del modelo que él quiere realizar. Él encuentra que 30 millones de personas le dieron ese mandato y se asume legitimado para hacer del derecho un instrumento de su decisión política, no una restricción de su actuar político; ese es el problema de fondo”, explicó Cossio Díaz.
La directora de Derechos Humanos de la SCJN, Leticia Bonifaz, dijo que no todo cae en el presidente, quien no necesariamente debe de tener una formación legal, sino que tiene que ver también con la consejería jurídica. “El asesor jurídico del expresidente Miguel de la Madrid, era don José Saenz Arroyo, quien había sido jefe de De la Madrid en el Banco de México, y José le podía decir al presidente: ‘No se puede’. Le daba las razones, estaban hablando dos abogados y era alguien a quien el presidente le guardaba respeto”, relató.
Señaló que hay artículos de la Constitución que deberían de ser clave para fijar el rumbo de las políticas públicas, pero no se toman en cuenta. Y aunque suena tecnocrático, es útil, por ejemplo, incluir los objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo, al cual se le debe sumar el presupuesto, ejercicio del gasto y rendición de cuentas, y ese eje debe recuperarse.
Julio Ríos / FIL
