Cuántos inocentes serían destinados a pasar el resto de sus días en la cárcel y cuántos ejecutados injustamente habría, de llegarse a implementar la cadena perpetua y la pena de muerte en nuestro país.
Y aunque estas iniciativas no dejan de ser más que un petardazo en tiempo electoral por parte de sus promoventes, no es ético engañar a la ciudadanía con propuestas que no resuelven el problema de fondo, simplemente generan una expectativa, en la ya de por si pisoteada población mexicana.
Con la propuesta del “presidente” Felipe Calderón, para aumentar el castigo a secuestradores a prisión vitalicia o cadena perpetua, y las presentadas en los congresos estatales por diputados de su mismo partido; se acepta tácitamente que también nos encontramos ante un fallido sistema de readaptación social, cuya finalidad es, que quien delinque se integre a la vida productiva en sociedad, una vez que haya sido readaptado en el CERESO.
La propuesta del Partido Verde Ecologista, para implementar la pena de muerte o pena capital, no es más que el reflejo de la incongruencia y meramente electorera forma de actuar, en la que por un lado, protegen el derecho y cuidado de la vida de los animales, y por el otro piden acabar con la del hombre.
La pena capital no es simplemente un acto, sino también un proceso legalizado de terror físico y psicológico, que culmina con la muerte de la persona a manos del Estado, es la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante; las decapitaciones, electrocuciones, ahorcamientos, administraciones de inyecciones letales, fusilamientos y lapidaciones no tienen cabida en este siglo. Y sin poner en tela de juicio, el que se merecen eso y más los secuestradores, no se puede implementar acciones de esa naturaleza, cuando está plenamente demostrado la ineficiente y poca ética en el actuar de los encargados de prevenir delitos, procurar y administrar justicia.
Se ha demostrado que en los países donde se han aumentado las penas, o inclusive donde existe la pena de muerte, no repercute en la disminución de la delincuencia y por tanto de los secuestros; de ahí que no es un absurdo afirmar que, mientras no se tenga certeza en la aplicación de la norma, ninguna penalidad, por excesiva que sea, tendrá efectos inhibitorios en la delincuencia.
Es decir, mientras existan servidores públicos corruptos y corruptibles, pagarán justos por pecadores; siempre ha habido y habrá “chivos expiatorios”, que sirvan para adornar el trabajo de funcionarios y del gobierno en turno.
El problema de cualquier propuesta, sea de una autoridad o de un partido político, no debe centrarse únicamente en si es constitucional o no, si es electorera o no; toda propuesta, por muy electorera que sea, pero que traiga consigo aparejado un beneficio personal y directo para el gobernado, es bien recibida; cuando esto sucede, cualquier obstáculo se puede superar.
En nuestro país habría que empezar primero por cambiar el sistema de readaptación social, por el de castigo, aceptar que la readaptación social es una utopía; las cárceles tienen el bien ganado mote de universidades del crimen. Una vez cambiado el sistema se podrían implementar los castigos que se merezcan los delincuentes.
Mientras tengamos el mismo sistema, la cadena perpetua y la pena de muerte, no resolverán nada, ni podrán pasar la aduana constitucional; por ahora, simplemente sirven para desviar la atención del problema central que es mejorar el funcionamiento de las instituciones, tan devaluadas en estos días, y sin coordinación alguna, y la más importante, acabar con la corrupción de servidores públicos involucrados con la delincuencia organizada.
Lo único que están haciendo, tanto el “presidente” Calderón y el Partido Verde Ecologista, es mandar un mensaje de ‘populismo penal’, generando una percepción positiva de resultados, sin considerar las repercusiones negativas que esto conlleva.
Lo urgente es una propuesta para garantizar una política de inteligencia y de coordinación entre las autoridades federales y estatales para combatir al crimen organizado; garantizando la paz y tranquilidad de los ciudadanos, en un tema que siempre ha existido pero que hoy se les ha salido de las manos.
Pero no, no hay ni el interés, ni la capacidad en resolver el problema de fondo, y que ha sido el origen de los males que hoy padecemos: la corrupción de servidores públicos. Y claro, cómo resolverlo, si es más que evidente el compromiso y pago de favores con una parte de la mafia, enfureciendo a la otra.
