Aparece en el escenario una nueva normatividad con carácter de reglamento que pretende aclarar las lagunas que en materia electoral existen en la entidad a raíz de la última modificación realizada al Código Local Electoral por nuestros actuales legisladores locales.
La disputa emprendida por los representantes populares contra los actuales consejeros o viceversa, se concentra en un duelo que pareciera no tener sentido; motivado más por orgullos de ver quién puede más que en el objeto de la materia por la cual están discutiendo. Lo anterior ha metido en un embrollo jurídico a los partidos y a la propia sociedad.
Los cálculos por tener un Consejo a “modo” tienen origen en la
desconfianza y es menester detallar dicho concepto que no sólo es de
percepción sino de hecho.
Para los partidos diferentes al antes aplanadora, “no fiar” data de
antaño, desde que el gobierno organizaba las contiendas electorales;
tiempos en que el secretario de Gobierno en turno encabezaba los
procesos electorales, la organización, capacitación, votación y
escrutinio.
Para ejecutar “sus procesos” se hacía acompañar de funcionarios
públicos que le garantizaban tener mayoría para cualquier decisión;
para legitimar, también se incluía a un representante por partido, que
dicho sea de paso, tenían voz pero nunca voto, de manera que aún cuando
se presentaran argumentos sólidos y firmes sobre decisiones electorales
afines a la necesidad social, jamás a la hora de votar se tuvo aval.
A consecuencia de la ciudadanización de los órganos electorales la
disputa se trasladó a las legislaturas en donde la mayoría, que es
priísta buscan como en el pasado, controlar los procesos.
Pero… veamos qué ha ocurrido en Aguascalientes. El primer Consejo
Estatal Electoral “ciudadano” fue electo en el periodo de Otto
Granados, el PAN tenía trece diputados de los 27, el PT uno, el PFCRN
uno, el PRD uno y el PRI once.
Para sacar ese consejo los partidos minoritarios hicieron Causa
Común sumando catorce contra trece del PAN, en suma ellos, los catorce,
definieron al nuevo Consejo ubicando como presidente a Luciano Tlachi,
también lo integraron, entre otros, el contador Guzmán, el profesor
Gutiérrez Castorena y Alfonso Pérez Romo.
Al término del proceso, el resultado no se dio como ellos, los
catorce, esperaban. La salida “política” fue presionar y denostar al
Consejo que ellos mismos habían propuesto. El mismo Tlachi condujo las
elecciones intermedias del 2001 en las que el PRI obtuvo mayoría en el
Congreso.
Dueño del partido, el profesor Olivares ordenó la renovación del
Consejo, dio órdenes precisas al entonces, como ahora, francotirador
con rostro de diputado, para que con su mayoría -renovaran al Consejo
para ahora sí hacerlo imparcial-.
Con mayoría del PRI escogieron al “renovado” Consejo, apostaron por
Enrique González Aguilar, a quien designaron presidente del IEE, tenía
la virtud de ser hermano de un antiguo colaborador de Fernando Gómez;
creyeron que con este antecedente se garantizaban una adecuada
interlocución “por lo que se ofreciera”.
Vino entonces el nuevo resultado electoral, al paso de la misma y al
no habérseles dado el resultado esperado vaciaron su fobia hacia el
Consejo que ellos mismos impulsaron; en particular contra su
presidente.
Con antecedentes similares se realizó la elección del actual Consejo
General del IEE. Designado por una mayoría panista; otra vez el
resultado no se dio, la historia la conocemos.
Actualmente se encuentran en periodo de renovación; el impulso de la
nueva mayoría determina que los actuales consejeros, quienes dicho sea
de paso fueron quienes validaron su triunfo, ya no son necesarios y hoy
por hoy “lo que se requiere para seguir apostando por la democracia es
un órgano verdaderamente ciudadanizado” –recitan algunos representantes
populares que por poco convencen de su objetividad pues el eje
“ecuánime” en el discurso es tan “convincente” como inconveniente-.
Lo importante de estos datos históricos es reconocer que ante la
voluntad ciudadana no importan las intenciones de crear un Consejo a
“modo” pues los consejeros que viven en un estado, crecen en un estado,
conviven en un estado, difícilmente se atreverían a torcer la voluntad
de los ciudadanos en detrimento de la sociedad y de su particular
prestigio.
Así pues la lucha por el Consejo se trata de una guerra de
“orgullos” que en el andamiaje representará absolutamente nada contra
el gran tomador de decisiones y que definirá quién gobernará a la
entidad, me refiero claro está a los ciudadanos.
