El andamiaje jurídico-institucional que ha dado lugar a la configuración de un sistema político sui generis en América Latina, se ha armado bajo la inercia de las relaciones entre el poder político y el poder militar.
Durante mucho tiempo fue muy común ver la influencia en los aspectos políticos de la región del poder militar, y el orden de cosas sólo podía describirse por una dicotomía que aludía a la existencia de un golpe de estado o a la ausencia de éste.
Ya en la década de los ochenta, con el advenimiento de la “tercera ola democrática”, así bautizada por Samuel P. Huntington, el espectro del golpismo militar se alejaba cada vez más de nuestro subcontinente y daba lugar a gobiernos erigidos, en mayor o menor medida, bajo las pautas democráticas importadas y a través de los mecanismos de participación y representación que cada país se dio.
Pensando en la fortuna del paradigma democrático y de la libertad y apelando al papel de la historia como magistra vitae, la tendencia en los países latinoamericanos debería ser la de evitar a toda costa un golpe de estado incrementando el control del poder civil sobre el militar.
Parece ser que el incremento de la acción de las bandas delictivas y el protagonismo del crimen organizado ha desplazado estas concepciones y se ha optado por poner en peligro la abstracción moderna del estado con el fin de erradicar un germen social.
El Dr. Arturo Sotomayor propone tres aspectos a tomar en cuenta al analizar la exención que un país tiene ante el peligro de un golpe de estado: el grado de control de un gobierno sobre sus fuerzas armadas, el grado de transparencia sobre los recursos y presupuestos en materia de defensa y el tipo de misiones que desempeñan los militares.
El primero y el segundo aspectos son cuestiones evidentemente cualitativas que se podrían prestar a un debate mas especulativo, sin embargo, lo que al tercero respecta, en relación a nuestro país no hay duda que el poder militar está cada vez más involucrado en cuestiones de seguridad pública y no parece ser esto un hecho temporal, sino mas bien una medida progresiva que amenaza con perpetuarse y que es directamente proporcional al incremento de la problemática social en cuestión.
A nivel federal la tendencia es muy evidente, durante el sexenio de Vicente Fox se llegó al extremo de contar con tres militares al frente de distintas secretarías de estado, si a esto le agregamos que la Secretaría de la Defensa Nacional se cuenta como parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la fórmula es explosiva.
Si lo anterior fuera poco, a nivel local parece que se están trasplantando estas medidas y en la actualidad, en siete de los treinta y dos estados del país, incluido Aguascalientes, la dependencia encargada de la seguridad pública esta encabezada por un militar.
El poder de la milicia comienza a involucrarse en todos los niveles de gobierno y su influencia política es cada vez mayor, la democracia tiembla y el estado concebido bajo esa tesitura da gritos de desesperación ante la amenaza a su supervivencia.
Es un hecho que los alcances y la acción del crimen organizado, y más concretamente de los grupos dedicados al narcotráfico, han experimentado un rápido crecimiento, sin embargo, la forma de atacar este problema es un asunto que se circunscribe en el ámbito técnico, el cuál, no puede ir en contra de los planteamientos teóricos que han dado lugar a la formación del estado moderno y a su respectivo sistema político, con todos los matices que éste pueda presentar.
