Uno de los signos que mejor ilustran la descomposición institucional de nuestro país, y en el caso particular, de nuestra entidad, tiene que ver con la falta de pesos y contrapesos entre los distintos Poderes que dan forma al Estado.
Aguascalientes vive una regresión política en medio de la pluralidad. Un escenario impensado cuando la oposición comenzaba a conquistar terreno en el régimen de partido único. Creímos, equivocadamente, que con la convivencia equilibrada de partidos distintos sería suficiente para avanzar en el camino de la transparencia.
Hoy, hemos visto cómo el empoderamiento de distintos partidos no ha repercutido en la lucha contra la corrupción (las mediciones levantadas por Transparencia Internacional así lo demuestran) pero sí en la generación de nuevos actores de la impunidad, encabezados por los gobernadores, en buena medida, y por los integrantes del Legislativo, casi siempre en el papel de cómplices.
La sesión del Congreso local de ayer es una página más de la vergonzosa historia que esta Legislatura ha marcado en la memoria colectiva de Aguascalientes. La transparencia no ha bastado para contrarrestar el cinismo de una clase política selectiva y sin vocación de servicio.
Los panistas, que han emprendido una acérrima campaña contra el alcalde Gabriel Arellano por diversas anomalías, abandonaron una sesión en la que se votaba un dictamen para castigar más de 130 millones de pesos en irregularidades que tuvo la administración de Martín Orozco tan sólo en el segundo semestre de 2007.
Los priístas, aplicaron criterios distintos a Orozco que al resto de los actores, encabezando por el gobierno estatal, al que avalaron pese a detectar inconsistencias por casi mil millones de pesos.
Incluso los órganos supuestamente ciudadanos, como el Instituto Estatal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han anexado a la regla de oro de nuestro régimen: la impunidad.
Otro Aguascalientes es posible.
