Ha sido común en nuestra malhecha democracia que las instituciones que debieran pertenecer, literalmente, a la ciudadanía para fortalecer los procesos sociales han sido acaparadas por los partidos políticos. Ejemplos sobran y baste nada más con ver quiénes detentan actualmente esos puestos para darnos cuenta que no necesariamente están formados por ciudadanos independientes.
Haciendo un recuento, vemos que, por ejemplo, en el Instituto Electoral actual, pasaron personajes grises por su aportación a la vida democrática estatal, pero trascendentales para los intereses políticos de actores determinados. Dos ejemplos de esto fueron Herberto Ortega, quien luego de cumplir su cometido como consejero “ciudadano” pasó a las filas de la burocracia estatal, designado primero como Procurador del estado por el gobernador Reynoso, cargo que se consideró como un “premio” para Ortega y luego, como secretario de Seguridad, con cero resultados positivos.
Por su “sacrificio” a Ortega se le dio un premio de consolación cuando lo hicieron a un lado, y, al menos públicamente, le ofrecieron el cargo de asesor del gobierno panista.
Otro caso fue el de Fernando Arriaga, a quien se le vio una vez sí y otra también al lado de los panistas durante la campaña de Felipe Calderón Hinojosa. Seguramente por su “aportación” al panismo le fue otorgado también el cargo de consejero, cargo que supo aprovechar muy bien para relacionarse y conseguir contratos millonarios para su constructora mientras tuvo su “encargo ciudadano”.
Podríamos seguir ennumerándolos: Enrique González Aguilar, quien recibió préstamos preferenciales del gobierno siendo el presidente del Instituto; otros más miembros adherentes del PAN, según su portal de internet y más atrás, a Luciano Tlachi, quien terminó su gestión con serias acusaciones por desvíos de recursos al frente de ese organismo, Tlachi considerado gente del priismo local.
Pero no sólo ahí. Vemos cómo otros consejos, como el Instituto de transparencia, ha sido también ocupado por gente cercana a los grupos que detentan el poder político; baste recordar que el primer edificio donde se establecieron era del hermano del gobernador del estado, además que dos de los tres consejeros reprobaron el examen de admisión al Instituto y fueron señalados por no cubrir los requisitos de la convocatoria.
Esto viene a colación por la denuncia lanzada ayer por parte del presidente del PRD en la entidad, Noé García, que no es asunto menor y debería tomarse esta voz como una alarma ante el proceso de selección de candidatos, en este caso, a formar el Instituto Estatal Electoral.
García alerta que entre los nombres que se están manejando en el seno del Congreso hay varios, muchos, nombres de gente cercana al priismo y otros tantos, menos, relacionados con el PAN.
El 31 de este mes se vence el plazo para que el consejo sea elegido y entonces, hasta entonces, una vez elegidos, nos daremos cuenta, una vez que, probablemente, nos hayan visto la cara otra vez, si los nombres que denunció García aparecen en la lista final.
Sería sano para la democracia estatal que los diputados se contengan de meterle mano con intereses partidistas a la repartición, que no selección, de estos cargos ciudadanos, por beneficio de todos.
Por eso no avanzamos. Ahora resulta que los empresarios no quisieron votar a favor del préstamo, regalo o lo que sea, para la filmación de la película de Diego Luna no por cómo se están utilizando los recursos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). No, ese no fue el argumento para retrasar la aprobación de los 15 millones de pesos para “Abel”. Nos cuentan fuentes del gobierno estatal que el argumento esgrimido es que no estaban seguros si la película plasmaría en el celuloide los “valores” del pueblo hidrocálido. “Primero comer que ser cristiano” es el dicho popular que, extrañamente, los empresarios olvidaron. Ojalá que no estén pensando en otro tipo de negociaciones tan comunes ya en la vida política local.
Y con retraso y todo, pero al final fue publicado el reglamento de la ley de voluntad anticipada. A partir de esta fecha nos daremos a la tarea de consultar con expertos en materia de salud y de derecho si este reglamento se apega a las necesidades de la sociedad hidrocálida. Lo que es de extrañar es que ningún diputado haya repelado por el retraso en la publicación de dicho reglamento, que a decir de fuentes del propio Congreso, fue publicado por las presiones de nuestra reportera Jennifer González.
