1.- El 26 de marzo del 2006, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), llegaron al tianguis de Santiago Mexquititlán en el estado de Querétaro. Estos efectivos “seis en total- no vestían uniforme ni identificación, pero sí iban armados y, sin mediar palabra, comenzaron a incautar mercancía a los tianguistas. Varios de los tianguistas se organizaron y protestaron exigiéndoles sus identificaciones y la orden para proceder. La tensión aumentó, hasta que arribó el Jefe Regional de la AFI y un miembro del Ministerio Público para dialogar, llegando a la conclusión de que devolverían la mercancía y pagarían los daños.
2.- El 3 de agosto de 2006, la indígena Otomí de 46 años Jacinta
Francisco Marcial, quien tenía un puesto de aguas frescas en el
tianguis, fue llevada -con engaños- a las instalaciones de la
Procuraduría General de la República (PGR) en Querétaro, la hicieron
firmar su declaración, escrita en español “cuando la lengua de Jacinta
es un dialecto Otomí- y sin explicarle lo que contenía, fue presentada
ante los medios de comunicación, acusándola junto con dos mujeres más
del secuestro de seis agentes de la AFI.
3.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh)
asumió su defensa integral y emprendió una intensa campaña para
ventilar dicha injusticia; ¿cómo tres mujeres pueden ser las causantes
de secuestrar a seis agentes armados de la AFI? Acusación fuera de toda
lógica e inverosímil.
4.- El 19 de diciembre de 2008 Jacinta Francisco Marcial fue
sentenciada. La pena a la que se le condenó fue de 21 años de prisión y
dos mil días de salario mínimo como multa, junto con Alberta Alcántara
y Teresa González, por el supuesto secuestro de los agentes de la AFI.
5.- ¿Las pruebas aportadas para el caso? El testimonio de los
agentes y una foto de un diario donde se aprecia a la señora Jacinta
mirando a aproximadamente a tres metros de distancia a los agentes.
6.- 22 de diciembre de 2008 se apeló sentencia con la asesoría del
Centro Prodh, especificando que: “El caso de Jacinta Francisco Marcial
muestra una vez más las deficiencias del sistema de justicia, las
cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las
mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto:
por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres”
7.- El 18 de agosto de 2009, Amnistía Internacional consideró a
Jacinta como prisionera de conciencia. Este nombramiento reconoció su
inocencia, mientras que la declaró como una persona encarcelada por ser
una mujer indígena con limitado acceso a la justicia.
8.- Después de más de tres años de estar encarcelada e innumerables
presiones de organismos de derechos humanos e internacionales, el
pasado 3 de septiembre la PGR informó al juzgado cuarto de distrito en
materia penal, con sede en Querétaro, que se desistía de su acusación
por “carecer de prueba plena de la responsabilidad penal.”
9.- El 16 de septiembre Jacinta fue puesta en libertad. A su salida
un reportero le preguntó: -¿le dijeron el “típico” Usted disculpe?;-
ella contestó: “no, todavía no”
10.- Con todo lo anterior, existen partidos y políticos que impulsan
la pena de muerte como la solución a los problemas de inseguridad, y me
surgen varias preguntas ¿Cuántos casos como el de Jacinta existen a lo
largo y ancho del país? ¿Qué tiene qué suceder para que se impulse una
reforma integral a la procuración de justicia? ¿El populismo punitivo
seguirá siendo una bandera político-electoral redituable, aunque en
México sigan existiendo casos como el de Jacinta? ¿Hasta cuándo seguirá
siendo una desventaja legal en nuestro país, ser indígena, ser mujer,
ser pobre, ser diferente?
