Vicente Pérez Almanza
Hubiera dejado más tranquilos a diputados y ciudadanos en general, si del Gobierno de Estado hubiéramos escuchado que se desconocía el operativo en donde delincuentes con placa, integrantes de las policías federales, estatales y municipales, arremetieron contra trabajadores de la oficina de Gestión Social del Congreso del Estado el pasado 20 de febrero; asimismo, hubiera resultado más complaciente saber que ya se deslindaban responsabilidades por allanamiento, robo, lesiones, injurias y amenazas a los autores materiales del atentado. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario.
Ese tipo de actuaciones generaron todo tipo de reacciones y originaron que se fijara una postura por parte de los diputados de las diferentes fuerzas políticas ahí representadas, así como la citación del Secretario de Seguridad Pública del Estado y una reunión con el titular del Poder Ejecutivo.
Inicié mi intervención en la Máxima Tribuna, manifestando a los compañeros diputados que “no había dolor más soportable que el ajeno, y más tormentoso, que el propio”, en alusión por el infierno que viven a diario miles de mexicanos producto de la delincuencia organizada y de algunas elementos policíacos. El atentado al Congreso no es el primero, ni el único, que ha sufrido este tipo de vejaciones. A diario nos enteramos o se nos reportan algunas iguales y otras peores y, sin embargo, nadie había alzado la voz por ellos, quizá por no ser parte del “Glorioso Congreso del Estado”.
Me atreví a decir que no cayéramos en el juego de la delincuencia organizada, a la que le urgía un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hice un llamado para que actuáramos con madurez e inteligencia, iniciando por entender que el atentado no fue producto de la casualidad. Nadie puede ser tan bruto como para no leer un amplísimo letrero anunciando la Oficina de Gestión Social del Congreso del Estado. Es bien sabido quiénes fueron los autores materiales, y exigiremos una minuciosa investigación para deslindar responsabilidades y dar con el autor intelectual.
A lo que en el Ejecutivo le llamaron “responsabilidad”, muchos le llamamos cinismo, en donde aparte de aceptar que sí encabezaban ese operativo, también se dijo que iban tras de unos delincuentes que ahí se escondieron. Además se dijo que el fin justifica los medios, y yo les preguntaría ¿y cuál era el fin de ese operativo o persecución?, porque si era garantizar seguridad pública, no lo hicieron y no han podido hacerlo. ¿Era para detener a delincuentes en ese operativo o persecución?, no lograron capturar a ninguno. ¿El fin era reventar una casa del crimen y delincuencia organizada?, que manera tan “simple” de actuar, pensando que sería en una oficina donde se atienden las múltiples y muy variadas necesidades de la población, ubicada frente a un jardín de de niños.
Algunos diputados se proclamaron por que el Ejecutivo ofreciera “una disculpa pública”; otros, por la suspensión de quien dirige la Secretaría de Seguridad Pública, de igual manera, porque se repararan los daños y se deslindaran responsabilidades. Ninguna está fuera de la razón.
Pero hoy queda demostrado que el atropello a los derechos humanos no se compara con el atropello a los derechos de toda una sociedad, al no existir ni la voluntad, ni la madurez, ni la inteligencia para combatir al crimen organizado. Se dice que hay muchas acciones, pero pocos los resultados que se palpen. Se dice que es obligación de todos los poderes, pero las leyes existentes no se cumplen, ni se proponen modificaciones a las mismas. Se tacha a los diputados de alarmistas y oportunistas en tiempos electorales, cuando cualquier ciudadano podría ejemplificar muchos más actos delictivos o complicidad y abuso por parte de los policías.
Por eso, ¿para qué acudir a una reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde se degustará un delicioso banquete como desayuno, y será el cuadro perfecto para la fotografía y el encabezado de los diarios donde se muestre la responsabilidad de cada poder?
Lo que el Ejecutivo debería de hacer, es trabajar en un plan integral de inteligencia para contrarrestar a la delincuencia organizada, empezando por revisar a cada uno de sus funcionarios.
El Legislativo debería de empezar a es ser más contundente, a utilizar la razón y la legalidad como herramienta fundamental para hacer; para ser un poder con poder, que frene la actuación de malas políticas públicas y verdaderos fiscalizadores de quienes aplican un presupuesto público, no ir a desayunar con cargo al erario público a que les den una disculpa, que nunca escucharán.
