Con gran sorpresa, durante la sesión de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, los diputados Martín Gerardo Chávez del Bosque, Javier Luévano Núñez, Francisco Guel Sosa, Baudelio Esparza Reyes, y Nora Ruvalcaba Gámez, se dieron cuenta que las observaciones del titular del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), Ventura Vilchis Huerta, con relación a la Iniciativa de Voluntad Anticipada, se realizaron desde el 28 de julio del año pasado, pero que de una manera misteriosa jamás llegaron al Congreso del estado.
El documento que durmió el sueño de los justos casi ocho meses, establece que sólo harían falta algunas puntualizaciones al dictamen para evitar conflictos de carácter médico, así como en la interpretación de la ley.
Las puntualizaciones hacen referencia a la falta de definición de algunos términos, además de los alcances y responsabilidades legales del denominado “representante”, así como la situación que guardan los pacientes foráneos, entre otras cosas.
Sorprendida ante la existencia del documento, la legisladora Nora Ruvalcaba Gámez señaló que es necesario tener un acuerdo entre instituciones y legislativo para que no exista incertidumbre en la aplicación de la ley, y dejar en claro los términos y condiciones de la misma, ya que con ello se evitaría conflictos con los galenos y con la familia del enfermo.
Por su parte, Vilchis Huerta se manifestó preocupado ante el caso de los pacientes que se encuentran en el hospital neuropsiquiátrico, “nos consta que muchas personas usan el lugar como un espacio en donde deshacerse de sus enfermos, y ante la factibilidad de que se aplique esta ley -que consideró de vanguardia-, es necesario precisar con exactitud quiénes son susceptibles de ser objeto de la aplicación de la misma, sobre todo en el caso de quienes decidan la terminación de los tratamientos médicos”.
Otra inquietud del galeno fue la de la aplicación de la ley en personas cuya residencia se encuentra fuera del estado de Aguascalientes, e incluso para personas provenientes del extranjero.
Con respecto al documento ‘reaparecido’, el presidente de la Comisión, diputado Martín Gerardo Chávez del Bosque, precisó que el ISEA cumplió en tiempo y forma con sus observaciones a la Ley, y que fue por parte del Gobierno del Estado en donde se ‘atoró’ el mismo.
En el apartado de asuntos generales, el diputado Baudelio Esparza Reyes, dio a conocer que han sostenido reuniones con habitantes del municipio de Tepezalá, quienes solicitan la ampliación del Centro de Salud, así como una revisión a la atención las 24 horas, ya que en ocasiones no se cumple por ausencia del galeno.
Por su parte, el legislador Javier Luévano Núñez, preguntó con relación al avance en la construcción del área de enfermos renales ubicada en el Hospital General de Calvillo.
Ventura Vilchis señaló que ya existe el proyecto de ampliar diversos centros de salud del estado, entre ellos el de San Antonio, Tepezalá; así mismo que el avance de obra de la Unidad Especializada para Enfermos Renales de Calvillo estará funcionando en junio próximo; precisó que para dar cumplimiento a estos y otros proyectos es necesario mayor presupuesto, por lo que pidió al legislativo de su apoyo para concretar estas acciones.
Finalmente, el diputado Javier Luévano Núñez, propuso a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el cambio de nombre a la Ley de Voluntad Anticipada, para que se denomine Ley de Autoprotección para la Calidad de Vida, ya que dice que la propuesta actual sugiere a la mayoría de la población que el contenido trata de eutanasia, entendida como la acción u omisión para evitar sufrimiento y acelerar la muerte del enfermo; mientras que el espíritu verdadero radica en atender al paciente con cuidados paliativos, teniendo como objetivo principal conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias. La propuesta será analizada en comisiones y con la promovente.
