CIUDAD DE MÉXICO.- El 26 de enero último, la filial mexicana de la empresa alemana TÜV Rheinland se indignó cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la descalificó para competir en el contrato de certificación ISA del Tren Maya, bajo el motivo de que sus “recursos humanos” no cumplían con el puntaje mínimo, pese a que desde hace 25 años la firma es la pionera de la certificación en el país.
Tras descartar la propuesta de la empresa alemana, el Fonatur entregó el contrato a un consorcio rival, formado por las compañía SGS de México y la española Ardanuy Ingeniería, aunque su propuesta fue 13 millones de pesos más cara y carece de la acreditación mexicana para otorgar la certificación.
En otras palabras, para la empresa alemana el Fonatur dio el contrato a un consorcio que, hasta el momento, no puede ofrecer el servicio contratado.
Ante ésta y otras “irregularidades” que detectó –y señaló– durante el proceso de licitación pública internacional convocado por el Fonatur, TÜV Rheinland impugnó el resultado de la contratación el pasado 4 de febrero, y fue notificada el siguiente jueves 11 que la dependencia admitió la queja; la próxima semana el Fonatur tendrá que demostrar la legalidad de sus acciones.
“La instancia de inconformidad se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y lo que se acuerde por el Órgano Interno de Control en el Fonatur, al ser la autoridad que sustancia el procedimiento”, dijo la dependencia en respuesta a un cuestionario que le envió Proceso.
En el escrito de la impugnación, de la que Proceso tiene copia, TÜV Rheinland se quejó de que, sin ofrecer argumentos, el Fonatur determinó que su “propuesta técnica, en el rubro capacidad de los recursos humanos, obtuvo 3.19 puntos, de los 6 mínimos requeridos”, razón por la cual desechó su propuesta de 147 millones 900 mil pesos. Por el mismo motivo Fonatur descartó otra propuesta de la francesa Auditsafe SAS.
Después de descalificar las dos ofertas, la dependencia otorgó el contrato a SGS de México –filial en México de la sociedad suiza Société Générale de Surveillance, que obtuvo un contrato de 950 millones de pesos para supervisar el polémico Tren Interurbano Toluca-México– y Aldanuy, cuya propuesta era la más cara: se elevaba a 161 millones 185 mil pesos; cerca de 13 millones de pesos más que la TÜV Rheinland.
TÜV Rheinland tachó la decisión de “violatoria de la garantía y derecho humano de legalidad”, y abundó:
“Lo anterior resulta grave; imagine esa H. Autoridad que en todas las licitaciones realizadas por las dependencias y entidades se siguiera el proceder de la convocante, esto es, que sin adjuntar la evaluación y/o documentación soporte, se desechen las proposiciones de diversos licitantes, aduciendo únicamente que no cumplieron el puntaje mínimo requerido; evidentemente estaríamos ante la presencia de un poder autoritario, en el cual la convocante impondría su voluntad a su antojo, eligiendo y desechando a los participantes a su conveniencia.”
La decisión resultó todavía más incomprensible para la empresa que llevaba cerca de dos años trabajando y asesorando al Fonatur sobre el Tren Maya. En abril de 2019, la propia dependencia dirigida por Rogelio Jiménez Pons presumió en sus redes sociales sobre una reunión con diplomáticos y empresarios alemanes en torno al Tren Maya.
