APRO/Gloria Leticia Díaz
El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa dio un revés el lunes 8 a las autoridades responsables de la construcción del Tren Maya; confirmó una suspensión provisional contra las obras nuevas en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, en Yucatán, que había sido otorgada el 20 de enero último por un juzgado de Distrito, en respuesta a un recurso promovido por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Múuch’Xiinbal.
La suspensión de los trabajos en esos municipios se suma a otras dos resoluciones judiciales en ese mismo sentido en tramos de Campeche; en tanto, otras dos suspensiones en Campeche y Chiapas, relacionadas con los riesgos de contagio por covid-19 que las obras representaban, quedaron sin efecto por la inclusión de la construcción como actividad prioritaria y por el cambio del semáforo epidemiológico a color verde.
La confirmación judicial es para uno de al menos nueve recursos de amparo promovidos contra el Tren Maya, una de las megaobras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante los recursos judiciales, los trabajos ligados al megaproyecto continúan porque los juzgados de Distrito han autorizado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –responsable del Tren Maya– realizar las obras de rehabilitación o mantenimiento en las vías del tren que ya existen en la región desde hace décadas y que eran parte del Ferrocarril del Sureste.
Sin dejar de reconocer el derecho que tienen las personas a impugnar el proyecto, el director jurídico del Fonatur, Alejandro Varela Arellano, asegura que detrás de los litigios no hay comunidades ni autoridades indígenas, sino actores que “no tienen ninguna representatividad” entre la población que se verá impactada por el proyecto de más de mil 500 kilómetros de recorrido por la Península de Yucatán, Chiapas y Tabasco.
“Si una comunidad está contra el proyecto, hace su asamblea y decide impugnar en la vía del juicio de amparo del proyecto; tienen todo el derecho, pero eso no ha ocurrido y dudamos mucho que vaya a ocurrir porque el amparo donde hay más quejosos, la mitad de ellos son ONG con domicilio en la Ciudad de México”, expone el funcionario.
De acuerdo con una relación proporcionada por el Fonatur, de los nueve juicios de amparo interpuestos contra el Tren Maya –cinco en Campeche, dos en Chiapas y otro en Yucatán–, el número de quejosos asciende a 148 personas.
Entre las organizaciones promoventes de los recursos, Fonatur identifica al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, a Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, a la Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres, a Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y a Aguaclara Ciudadanos por Bacalar.
De esa lista, sólo las dos primeras agrupaciones tienen domicilio en la Ciudad de México, el resto está asentado en la región afectada por el paso del Tren Maya.
Respecto de los cuestionamientos al incumplimiento de los estándares internacionales para realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el funcionario considera que “son reclamos muy subjetivos, muy genéricos” porque el convenio “establece principios, no tiene un manual o metodología (…) La interpretación la da la institución de cada país que haga el ejercicio y, en este caso, es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas: “Nosotros somos los solicitantes de la consultalegalidad la garantiza la Secretaría de Gobernación como órgano garante”.
