APRO/Juan Carlos Cruz Vargas
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro sobre su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que ya fue aprobada en comisiones por la Cámara de Diputados:
“Tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz y el precio de las gasolinas y lo voy a cumplir, nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos traficantes de influencias”, dijo en su regreso a las conferencias de prensa matutinas, el pasado lunes 8, luego de estar convaleciente a causa del covid-19.
El discurso del tabasqueño es el mismo y enfocado a la lucha contra las privatizaciones en el sector energético, esta vez a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo señaló un día después desde Palacio Nacional:
“Es muy claro lo que se está proponiendo, estamos buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que es una empresa de la nación, para que esta empresa garantice que no aumente el precio de la luz, para decirlo de manera clara, el precio de la energía eléctrica.”
El martes 9 el vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), Julio Valle, también puso las cartas sobre la mesa y advirtió que el sector privado de energías renovables ya no invertirá ni un peso en lo que resta del sexenio, de concretarse la reforma a la LIE.
En entrevista con este semanario, Valle afirma en tono de resignación: “Más allá de lo que está hoy en construcción, no hay nada más en vista de aquí a 2024. Desde el año pasado, ninguna empresa ha decidido invertir en un nuevo proyecto. Ya veremos si el próximo presidente tendrá que hacer una tarea bastante intensa, para volver a convencer a la inversión privada y atraer a las compañías y crear empleos”.
No es cosa menor, se trata de romper una lógica de inversiones por 3 mil millones de dólares anuales a prácticamente cero.
“Ese era el ritmo de crecimiento de la mano de las subastas, proyectos de mercado y estas iniciativas que nos permite la ley. Pero entre los cambios legales, la incertidumbre, la parálisis administrativa en la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, y todos los cambios en la dinámica administrativa, nos han llevado a que las empresas estén siendo más cautas en cómo tomar la próxima decisión de inversión y que hasta el momento no hay más”, insiste el representante de la industria de dichas energías limpias en México.
Según el portal de la AMDEE, del total de la capacidad eólica instalada en México, 38% corresponde a Siemens Gamesa Renewable Energy, que tiene sus oficinas centrales en España; 33% a la danesa Vestas; 19% a la alemana Nordex-Acciona; 5% a General Electric, mientras que a Clipper Windpower de Estados Unidos y Alstom de Francia les corresponde 2%, respectivamente; mientras que el restante 1% de la capacidad instalada pertenece a la china Envision.
Sin embargo, en el ejercicio de parlamento abierto que se llevó a cabo el pasado jueves 11 dentro de la discusión de la reforma a la LIE, Miguel Santiago Reyes, director general de CFE Energía y CFE Internacional, reprochó ante legisladores que de mantenerse el esquema vigente de contratos con los productores independientes de energía (PIE), el daño a la nación se calcula en 412 mil millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios y de inflación, bajo despacho y tarifas crecientes.
Los directivos de la CFE explicaron que sólo los subsidios a PIE ascienden a 249 mil 606 millones de pesos, y de esa cifra, 56 mil 175 millones corresponden exclusivamente a Iberdrola –compañía que contrató al expresidente Felipe Calderón como consejero, según López Obrador– por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca.
Nada eólico o solar
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 –principal instrumento de la Secretaría de Energía, que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional en lo que respecta a las actividades de generación, transmisión y distribución a corto, mediano y largo plazos– confirma que el gobierno de López Obrador desdeña la participación de las empresas generadoras de energía eólica y solar.
“El programa de nueva capacidad en el corto/mediano plazo 2020-2024 resultó de la revisión de los proyectos con contrato de interconexión y proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con la política energética nacional”, señaló el documento dado a conocer el pasado 31 de enero, en el capítulo 6: Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de las Centrales Eléctricas.
Posterior a 2024, agregó, con fundamento en los lineamientos de política energética, se consideran proyectos de generación flexibles con tecnologías convencionales y proyectos de energía limpia.
De acuerdo con el documento, para los próximos 15 años el desarrollo de nueva capacidad de generación eléctrica para otorgar una mayor confiabilidad y seguridad del sistema estará basado en hidroeléctricas, así como centrales de ciclo combinado, que utilizan como combustible gas natural.
En este contexto, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica sólo sepultaría la participación de las energías renovables y daría preponderancia a la CFE, pero caminaría en sentido contrario de los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París.
Julio Valle lo pone de la siguiente manera. “Para cumplir con la meta del acuerdo se necesitarían por lo menos otros 5 mil megawatts, más o menos, de energía eólica o solar. No hay en el plan de inversión de la CFE dicha cantidad de tecnologías limpias y no tienen la intención de hacerlo. En todo caso, lo que estarían apostando es en energía nuclear, gas natural y, aunque no lo dicen, también en quemar el combustóleo en las refinerías de México. Entonces el punto aquí no es más que señalar que se va totalmente en contra de lo que debiera suceder”.
Por si fuera poco, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que la reforma a la LIE impediría la competencia en la generación y comercialización de electricidad al eliminar el despacho económico (utilizar la energía de menor costo primero), relajar el acceso de generadores a las redes de transmisión y distribución y permitir que la CFE, Suministrador de Servicios Básicos, adquiera electricidad de CFE Generación sin la necesidad de que se lleven a cabo subastas.
