“Durante los últimos años, la política social de combate a la pobreza en nuestro país ha sufrido un deterioro institucional que la ha hecho más propensa a su utilización electoral,” afirmó el senador priísta por Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre.
Lo anterior luego de ser cuestionado sobre la próxima comparecencia ante la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión del secretario de Desarrollo Social federal, Ernesto Cordero; del coordinador nacional del Programa Oportunidades, Salvador Escobedo y de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Arely Gómez González.
El objetivo de dicha comparecencia, explicó el senador, es que los funcionarios involucrados en la operación de la política social del país, expliquen diversas denuncias por presuntos desvíos de programas sociales en beneficio de candidatos de Acción Nacional.
A este respecto, Carlos Lozano abundó que además de la pertinencia coyuntural del tema, en México existe una desarticulación en los esfuerzos por combatir la pobreza, por lo que “es preciso plantear cambios de largo plazo en materia de política social, porque ya no podemos estar sujetos a los vaivenes electorales que changarrizan el combate a la pobreza”.
De igual forma, el legislador explicó que si a esta falta de visión que tiene la actual administración en este tema, se le suma el deterioro económico por el que atraviesa el país, el panorama se vuelve todavía más difícil para las familias de menores recursos que destinan el 70 por ciento de su ingreso sólo para la compra de alimentos.
En este sentido, el legislador dijo que en los últimos nueve años, el salario mínimo creció sólo 38 por ciento, ante un incremento desproporcionado de los productos básicos, que a partir del año 2000, tuvieron incrementos de 46 por ciento en la gasolina, de 83.1 por ciento del frijol, 99 por ciento del atún, 99.4 por ciento del jitomate, del 115 en el arroz, 123 en la luz eléctrica, 136 en la tortilla, 274 en el gas y en donde la tasa de desempleo subió más del 3 por ciento.
“Además, esta situación se agrava con las pruebas que han evidenciado el uso político-electoral y clientelar de los programas sociales, además de la politización de los nombramientos de delegados con criterios de pertenencia política al partido en el gobierno, para dependencias fundamentales como lo son Sedesol y Sagarpa”, puntualizó.
Es por ello, que “el grupo parlamentario del PRI analiza una propuesta de reforma en esta materia, que entre otras cosas redimensionaría la política social del Estado mediante nuevos esquemas de transparencia y de responsabilidades de la función pública, mayor determinación y alcance en la cobertura de los programas sociales, así como el planteamiento de que los delegados sean designados por un perfil profesional y no por su militancia partidista”, precisó el legislador.
El legislador también hizo un llamado para que el gobierno federal asuma la responsabilidad de asegurar que ningún servidor público se aproveche de su puesto para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral; de igual manera, que garantice que a ningún ciudadano se le condicione la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho, por cuestiones relacionadas con sus preferencias políticas, sus intenciones del voto o sus actividades electorales.
Finalmente, Lozano de la Torre indicó que los legisladores estarán muy atentos a la operación de los distintos programas sociales durante este proceso electoral, pues es responsabilidad del Estado garantizar que éstos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, además dijo, se debe evitar “que la política social se convierta en un tianguis electorero en el que se subaste el futuro de nuestro país”.
