APRO/Mathieu Tourliere
El Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres suspensiones definitivas contra la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó para el Tramo 3 del Tren Maya, pues reconoció que existe una “incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto”.
Las suspensiones derivaron de tres demandas de amparo que interpusieron tres organizaciones locales –la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya–, acompañadas por el colectivo Indignación, el cual recordó que estas tres suspensiones “se suman a las que en diversos momentos han obsequiado jueces federales en Campeche, Yucatán y Chiapas y que exhiben las irregularidades con las cuales se ha manejado este proyecto”.
Las organizaciones celebraron hoy que, al evocar el “principio de precaución”, la jueza pidió la suspensión de los “trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonas de los territorios del Estado” hasta que se dicte la sentencia definitiva de las demandas contra la MIA.
Recalcaron que, en su decisión, la jueza afirmó que “existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión, debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar como se ha dicho, que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones y no solo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales”.
Hasta el momento, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha emitido su postura al respecto, sin embargo, en fechas recientes, la dependencia a cargo del Tren Maya ha buscado desacreditar las organizaciones que interpusieron amparos contra las presuntas irregularidades del Tren Maya, al afirmar que son pocas en comparación con el apoyo que el megaproyecto tiene en la Península de Yucatán.
El Fonatur entregó los contratos de construcción del Tren Maya a empresas transnacionales de la construcción –entre ellas las empresas de los magnates Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco e ICA, así como compañías de China y de España– y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual controlará además la empresa que operará el Tren Maya, sin rendir cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
