- Aguascalientes aún no comprueba 127 mdp en materia de Seguridad Pública
- En total restan por acreditar 210 mdp
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las aportaciones realizadas a los estados (recursos etiquetados) en 2019 por un monto 13 mil 311 millones de pesos (mdp); de los cuales se pudieron recuperar 805 millones y restan 12 mil 506 mdp por acreditar. Aguascalientes (127 mdp) y Puebla (96 mdp) son las dos entidades que destacan de las demás con más recursos pendientes de acreditar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en su mayoría por falta de documentación comprobatoria del destino del gasto, lo que representa el 81% del total de aportaciones por aclarar en este sector.
En México, la Cuenta Pública del Gobierno Federal es documentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentada ante la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para su revisión y fiscalización. La fiscalización de los recursos públicos consiste en revisar, auditar y vigilar la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas con el gasto público.
El 20 de febrero de este año, la ASF publicó los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. A partir de estos hallazgos el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) construyó el reporte Hablemos de Auditorías, enfocado en analizar los recursos etiquetados del gasto federalizado (las aportaciones) entregados a las 32 entidades.
Según el IMCO, las entidades todavía tienen que acreditar el destino de 12 mil 506 mdp en recursos etiquetados que les transfirió la Federación.
En el caso de Aguascalientes los recursos pendientes por acreditar son: 31 mdp en Educación, 14 mdp en el sector Salud, 38 mdp en infraestructura, además de alrededor de 127 millones de pesos en Seguridad Pública.
La Ciudad de México (4,593 mdp), Chiapas (1,468 mdp) y Oaxaca (1,258 mdp) concentran el 66% de los montos por aclarar en aportaciones. La mayor parte de estos montos por aclarar fueron etiquetados para usarse en materia de salud (FASSA). Los problemas están relacionados con la falta de documentos que justifiquen y comprueben el gasto, registros con inconsistencias y no presentar documentación de forma certificada.
Chiapas (552 mdp) es el estado con más recursos pendientes de acreditar (552 mdp) en materia de educación (FONE y FAETA).
Aguascalientes (127 mdp) y Puebla (96 mdp) son las dos entidades que destacan de las demás con más recursos pendientes de acreditar en materia de seguridad pública (FASP), en su mayoría por falta de documentación comprobatoria respecto al destino del gasto.
La Ciudad de México (241 mdp), Michoacán (228 mdp) y San Luis Potosí (177 mdp) son las tres entidades con más recursos por acreditar provenientes de las aportaciones en materia de infraestructura pública.
Ante este contexto el IMCO propone:
Establecer incentivos positivos y negativos para mejorar la calidad y transparencia del gasto vinculando el gasto federalizado con las observaciones de la auditoría y los resultados de los programas.
Actualizar los marcos jurídicos de planeación estatales para reforzar o asegurar la incorporación de los resultados en el diseño de programas, ejercicio de recursos y vigilancia del gasto público.
Identificar las buenas prácticas que resultan en pocos montos por aclarar y una calificación alta en el índice de desempeño de la gestión de gasto federalizado como hicieron Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala. Por ejemplo, la existencia de un sistema de control interno para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa en Querétaro.
Mantener una revisión y actualización permanente de los procesos y metodologías de auditoría para la implementación de auditorías al gasto federalizado.
