APRO/Rosa Santana
Los deudos de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, la inmigrante salvadoreña que murió a manos de policías municipales de Tulum, ratificaron ante la Fiscalía General del estado (FGE) la denuncia por feminicidio.
Rosibel Arriaza y René Olivares, madre y medio hermano de la víctima, llegaron desde El Salvador a Quintana Roo, la noche del 31 de marzo, para ocuparse de las diligencias legales, recuperar el cadáver de Victoria para repatriarlo y encargarse de las dos adolescentes, de 15 y 17 años, que quedaron en la orfandad.
Los familiares se reunieron por varias horas y a puerta cerrada con el fiscal general Oscar Montes de Oca y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, para conocer los pormenores del caso y los avances del proceso penal que se sigue contra los policías implicados.
Se retiraron por una salida alterna, sin emitir declaraciones a los medios que los esperaban en el acceso principal de la sede de la Fiscalía en esta ciudad.
Más tarde, Montes de Oca comentó que los cuatro agentes involucrados en la muerte de la salvadoreña, entre ellos una mujer, podrían enfrentar una pena máxima de hasta 50 años de prisión, aunque depende del cauce que tome el juicio, al final del cual se definirá la reparación del daño a que tienen derecho las víctimas.
Asimismo, informó que la víspera se entregó a la representación diplomática de El Salvador el cadáver de Victoria, que posiblemente será repatriado el próximo lunes 5.
