De la misma manera en que los partidos se han pronunciado a favor de una depuración en los cuerpos policíacos, debe procederse al interior de los institutos políticos, opinó la diputada local perredista, Nora Ruvalcaba Gámez, tras darse a conocer el posible vínculo del perredista Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de Michoacán y diputado federal electo por esa entidad, con el cártel La Familia.
Ruvalcaba Gámez consideró que aunque “existió voluntad” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al exigir que quienes aspiraran a una candidatura firmaran una solicitud de revisión a la Procuraduría General de la República (PGR), estos mecanismos fallaron o se omitieron, dando como resultado ese tipo de situaciones.
Pidió que el caso de Godoy Toscano, se lleve como cualquier otro, de forma seria, que la investigación no se ventile públicamente y se haga con todas las garantías de cualquier procesado, aplicando la sanción en caso correspondiente, pues no descartó que pudiera tratarse de una estrategia mediática y electoral para desprestigiar no sólo al partido, sino a la clase política.
Sin embargo, la diputada expresó que si ya existen pruebas, entonces el acusado no debe esconderse, sino someterse a un proceso judicial, defendiéndose públicamente para entregarse a la justicia o asumir dignamente el cargo para el que electo y “exhibir a un estado autoritario y policíaco que quiso desprestigiar al PRD”.
Consideró que los partidos políticos tienen un compromiso con la ciudadanía, pues es un riesgo para ésta que haya “narcomandatarios” o “narcorrepresentantes populares” y, al haberlo asumido de antemano el PRD, deberá ser un punto importante en la auto evaluación que realizará en todas sus estructuras.
Vio que esto favorecería a que el instituto político al que pertenece presentara una opción de gobierno diferente, exenta de “los vicios que ya se han tenido”, pues de lo contrario resultaría en la debilitación del sistema democrático y el fortalecimiento de sus detractores.
Aunque no hizo una acusación abierta, finalizó reconociendo una amplia sospecha de que en todos los partidos políticos con presencia en Aguascalientes existen personas vinculadas con el crimen organizado, primero porque éste ha actuado de forma impune y después porque no se regulan los periodos anteriores a las precampañas, durante los cuales los aspirantes a una candidatura integran asociaciones o hacen uso de los recursos públicos, para luego financiar sus campañas sin la obligación de aclarar la fuente de obtención del dinero.
Al respecto, señaló expresamente los tiempos en que Vicente Fox pasó de gobernador de Guanajuato a presidente de la República; en que Luis Armando Reynoso pasó de alcalde a gobernador de Aguascalientes y en los que, actualmente, el ex alcalde Martín Orozco busca la gubernatura luego de haber formado otra asociación.
