Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes por parte del Partido Acción Nacional y actual candidato a alcalde de la capital por el partido Fuerza por México, ha cometido varios delitos que lo han llevado a ser condenado y encarcelado. Entre sus crímenes se encuentran desvío de recursos públicos, defraudación fiscal y ejercicio indebido del servicio público, confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reynoso Femat llegó a la gubernatura de este estado en 2004 siendo candidato y militante del PAN. Previamente había sido presidente municipal de la capital, por parte del mismo partido. Su administración terminó en 2010 y desde entonces ha sido detenido en varias ocasiones enfrentando numerosos procesos judiciales.
Uno de ellos ocurrió cuando participó en una venta irregular de terrenos públicos a una empresa privada, los cuales fueron vendidos por el 17% de su valor real, causando pérdidas al erario público por 16 millones de pesos. Estaba establecido que se construirían viviendas con fines sociales en esas tierras, sin embargo se utilizaron con propósitos mercantiles. Además, se le condonó el pago de intereses a la empresa beneficiada, a pesar que incumplió en los plazos de pago.
Junto con Reynoso Femat, otras personas de su administración fueron detenidas. Fue sentenciado a a dos años y tres meses de cárcel y a un año de inhabilitación del servicio público, sin embargo solo pasó una semana en prisión. No obstante, esta no sería la única vez que estaría tras las rejas.
La segunda ocasión que fue detenido y puesto en prisión fue debido a una defraudación fiscal. Realizó una transferencia bancaria a una cuenta de Banorte por un monto de 206 millones de pesos, sin embargo no pudo comprobar la procedencia de 26 millones y no pagó impuestos correspondientes al ISR por mas de 7 millones. Esta vez lo detuvieron en León, Guanajuato y trasladado de vuelta al Cereso de Aguascalientes.
Otro caso ocurrió cuando su gobierno hizo la compra simulada de un tomógrafo por más de 13 millones de pesos. Este instrumentos supuestamente estaba destinado para la atención médica en el ISSEA, sin embargo nunca llegó. En este esquema participaron más funcionarios, así como sus familiares directos pues se le acusó de utilizar el dinero desviado para el enriquecimiento ilícito de su hijo y la compra de terrenos en Estados Unidos
Los delitos imputados incluyen peculado, defraudación fiscal y ejercicio indebido del servicio público, a los cuales tuvo que responder a la vez. Después de varios amparos y apelaciones, su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó su culpabilidad en la malversación de fondos por el tomógrafo y lo sentenció a cerca de 3 años de prisión e inhabilitación del servicio público por un año y medio.
