En el salón legisladoras, el cónclave priista; en la biblioteca, el de Acción Nacional y en medio, la representante de la izquierda, Nora Ruvalcaba. Así se encontraban ayer a las 20:15 los diputados de la LX Legislatura local, a poco más de una hora de elegir un nuevo Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE).
Por 30 minutos más, las pláticas entre priistas, entre panistas, entre panistas y priistas y hasta de éstos con la perredista, continuaron, hasta que al quince para las nueve Jesús Martínez, presidente de la mesa directiva del periodo extraordinario, llamó al orden y reanudó el periodo ordinario.
Tras leer de forma resumida el dictamen de la comisión de asuntos electorales, que aunque en la mañana propuso una lista de 21 aspirantes ya para la noche había sido corregido y listaba 22, Nora Ruvalcaba se manifestó en contra de éste, sosteniendo que el proceso de selección del consejo ha estado viciado desde el principio y suponiendo que el Revolucionario Institucional y Acción Nacional nuevamente se habrían repartido la representación al interior del Consejo mediante un acuerdo previo de la votación.
Posteriormente, el dictamen se aprobó por 25 votos a favor y uno en contra, el de Ruvalcaba, ante la ausencia de quien la ocasión anterior le hiciera segunda, el diputado de Convergencia Vicente Pérez Almanza.
Se determinó que la votación se realizara de igual forma: secreta, mediante cédula y señalando si el voto era para consejero propietario o suplente.
Y contrario a los que sostuvieran los integrantes de la comisión electoral y de la de gobierno, sí hubo una modificación en la nueva designación: en la fórmula que anteriormente integrarían Óscar Hernández Valdés, como propietario, y Mónica Díaz Cortés, como suplente, ella fue sustituida por el actual secretario del IEE, Sandor Ezequiel Hernández Lara.
Trascendió que el motivo del cambio fue que Hernández Lara amenazaba con presentar una nueva impugnación al proceso; con todo y esta modificación, se tuvo un consejo mayormente femenino.
Cuando los 25 diputados hubieron depositado sus cédulas en la “urna” de cristal –Nora Ruvalcaba se abstuvo de votar- y tras leer las fórmulas propuestas, se definió que por 25 votos, el nuevo Consejo se conformará de la siguiente manera:
Lydia Georgina Barkigia Leal, propietaria, y Alfredo Hernández Moreno, suplente; Jimena Cano Reyes, propietaria, y Luis Fernando Landeros Ortiz, suplente; Dafne Elena Domínguez López, propietaria, y Laura Alejandrina Vergara Vargas, suplente; Óscar Alberto Hernández Valdés, propietario, y Sandor Ezequiel Hernández Lara, suplente; finalmente, Claudia Eloisa Díaz de León González, propietaria, y Silvia Araceli Solís Luévano, suplente.
Luego del resultado, Jesús Martínez solicitó la publicación del correspondiente decreto en el Periódico Oficial y hacer los nombramientos; pese a formar parte de la orden del día, no se tomó protesta a los consejeros electos, argumentando que bajo el amparo de la ley orgánica del legislativo, podía bien declararse un nuevo receso o señalarse en la siguiente de sesión de la mesa directiva correspondiente –ya sea la permanente o la del periodo ordinario- que durante esta sesión no se resolvieron algunos puntos de la misma.
Durante el “receso de cinco minutos” que se realizó para evaluar la decisión a tomar, tres estudiantes pidieron al legislador Arturo Colmenero acelerar la aprobación de una “ley de transporte”, a fin de evitar el alza en las tarifas.
Esta protesta fue interrumpida por la reanudación de la sesión, que fue para optar porque la protesta se tome ante la diputación permanente o la mesa directiva del siguiente periodo ordinario, y para clausurar el primer periodo extraordinario del segundo año.
Gerardo Sánchez Garibay señaló que la decisión se tomó con un “ánimo de evitar sobre entendimientos” y no descartó que los mismos que han impugnado u otros, puedan presentar algún recurso ante el Tribunal Federal Electoral una vez que la selección se publique en el Periódico Oficial, señalando que todos ellos están en su derecho de hacerlo.
Sobre el incidente cuya resolución está pendiente, el legislador sostuvo que según la asesoría con que contó el Congreso, no habría de darse hasta cumplimentar la sentencia del Tribunal o hasta vencer el plazo de 15 días para reponer el proceso.
