APRO/Jesusa Cervantes
Lupita Jones Garay, exMiss Universo y hoy candidata al gobierno del estado de Baja California por la coalición PRI-PAN-PRD, denunció al gobernador Jaime Bonilla ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el posible delito de lavado de dinero por un monto de 278 millones de pesos.
La candidata comentó que parte de ese dinero pudo haberse canalizado a la campaña de la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que interpondrá una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral.
Acompañada del encargado jurídico de su campaña electoral, Juan Marcos Gutiérrez González, la exMiss Universo aclaró, sin pregunta de por medio, que el tema derivó de las denuncias que les han presentado los ciudadanos en sus recorridos por el estado.
Se trata del cobro del agua que la administración de Jaime Bonilla emprendió en contra de las grandes empresas y a quienes les exigió, so pena de suspenderles el servicio de agua potable, la entrega del líquido a cambio de adeudos de datan de entre 10 y 30 años.
Antes de que la candidata denunciara, empresarios en Mexicali reclamaron el cobro ilegal del servicio del agua y anunciaron una serie de amparos.
Hoy, Lupita Jones, la candidata de la coalición, hizo suyo el tema.
El abogado de su campaña, Marco Gutiérrez, detalló lo que consideran un esquema típico de lavado de dinero.
Primero, recordó que es la empresa Fisamex y su director y propietario, Manuel García Soto, quien hace las auditorías y posteriormente los cobros a las grandes empresas. Incluso, desde que inició la administración de Bonilla, este empresario apareció en forma continúa detallando los cobros y los presuntos delitos en que los usuarios incurrían.
Manuel García Soto dejó de figurar en las transmisiones del gobernador Bonilla luego de que se hizo público un video donde se le ve inhalando cocaína.
Fisamex, detalló el abogado de la campaña de la coalición PRI-PAN-PRD, logró que el gobierno recuperara poco más de mil millones de pesos en cobros de agua; de ellos, el gobierno bonillista le pagó un 20% por sus servicios de auditoría y cobro del agua.
Lo anterior implicó, tan solo en el año 2020, un pago de 278 millones de pesos, sin embargo, dichos recursos se entregaron a Fisamex, sino a otra empresa creada por Manuel García de nombre Romafam.
A su vez, Romafan entregó a otra empresa, Salhec Grupo Constructor, 63.8 millones de pesos, y a una más denominada Fiscales de Agua Mex, otros 162.4 millones de pesos.
Es decir, Romafan trianguló parte de los 278 millones de pesos que recibió del gobierno de Jaime Bonilla como parte de los servicios de auditoría y cobros de agua. Aunque oficialmente la empresa que realizó dichos trabajos fue Fisamex.
Lo extraño y que fue lo que resaltó el abogado del equipo de Lupita Jones, es que Romafam se dedica a realizar proyectos para construcción de obras, esto es, no tiene nada que ver con los cobros del agua. Además de que fue constituida el 28 de mayo de 2020.
También destacó que Romafan transfirió dinero a Fiscales de Agua Mex, la cual fue constituida el 28 de septiembre de 2020 y cuyo propietario es el dueño de Fisamex.
En resumen, Bonilla contrata a Fisamex para auditar servicios de agua y cobros no pagados en años por grandes empresas, y esta delega en Romafan recibir el pago del 20% de lo que le paga el gobierno estatal, para luego trasladar parte de esos millonarios recursos a otras dos empresas.
En la práctica, cuando se realiza la investigación sobre el traslado de dinero de una empresa a otra se llega a detectar que son empresas pantallas de reciente creación y perder la pista del dinero. A este operativo es al que se le considera “lavado de dinero” y se contempla en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
El abogado Marco Gutiérrez también consideró que el gobierno de Jaime Bonilla incurrió en los delitos de concusión y peculado.
El primero de los delitos es cuando un funcionario cobra una contribución (cobro de agua) mayor a la estipulada en la ley. Y el peculado se presume por la posible desviación de recursos a un ente privado.
En la parte política, la candidata reclamó que nadie esté poniendo límites a las violaciones a la ley por parte del gobernador, Jaime Bonilla, por lo que lo que ella ofrece es “poner límites ¿hasta dónde vamos a permitir que nos sigan pasando por encima?”, dijo.
