CIUDAD DE MÉXICO.- Ante una nueva ola de estigmatización en contra de periodistas y organizaciones civiles por parte de Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes pidió al gobierno de Estados Unidos retirar el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Artículo 19, que también ha sido blanco de críticas del mandatario, consideró que esa práctica recurrente “constituye un mecanismo distractor ante la incapacidad de responder a la violencia contra la prensa y resolver la crisis de derechos humanos”.
La agrupación resaltó que mientras el presidente “recurre a la desinformación para atacar una vez más la labor de la defensa de derechos humanos” que realiza Artículo 19 y otras organizaciones civiles, “al mismo tiempo guarda silencio por la espiral ascendente de violencia contra la prensa”.
En su último informe anual, Artículo 19 documentó 692 agresiones contra la prensa
“un incremento de 13.6% respecto al año anterior”, ataques que en 49.5% fueron atribuidos a agentes del Estado, “manteniéndose como los principales agresores de periodistas”.
En cuanto a los casos fatales, la organización apuntó que, durante la actual administración, 18 periodistas han sido asesinados y el último de los casos se registró el pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Sonoyta, Sonora, con el crimen de Benjamín Morales.
Para Artículo 19 resulta preocupante que López Obrador “no actúe para frenar el incremento de la violencia en México, ni condene públicamente el hecho de que cada 13 horas se registra una agresión contra periodistas”, y en vez de ello “estigmatiza el trabajo de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, frente a una clara inacción del Estado, documentan, denuncian y acompañan a víctimas de violencias a derechos humanos”.
Asimismo, alertó sobre la pretensión del Ejecutivo de “intervenir para que se restrinjan financiamientos de la cooperación a las ONG, lo cual representa un claro revés autoritario contra el derecho de asociación y de defensa de los derechos humanos”.
Artículo 19 destacó que sus fuentes de financiamiento son diversas y que los proyectos “se sujetan a estrictas reglas de operación, transparencia y auditoría, y van enfocadas a actividades específicas cuyos impactos están a la vista de todas las personas”.
Recordó que su sede está en Reino Unido, donde nació en 1987 para defender los derechos a la libertad de expresión, que tomó su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que la oficina para México y Centroamérica se instaló en 2006 para exigir al Estado “avanzar en garantías para estos derechos, sin distinción de quién ocupe el gobierno”.
Durante los 15 años de instalada la oficina en México, ha documentado 4 mil 926 agresiones contra la prensa, ha participado en la construcción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el fortalecimiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, en la participación proactiva en la Alianza por el Gobierno Abierto, además de que forma parte del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), así como la Red Rompe el Miedo, dedicadas a defender el derecho a la protesta y el derecho a monitorearlas.
Tras recordar que la cooperación internacional “ha sido una herramienta importante en el financiamiento de la defensa de derechos y construcción democrática en todo el mundo”, Artículo 19 destacó que el movimiento de derechos humanos en México “tiene un papel fundamental en el proceso de democratización y en la denuncia permanente de los abusos y omisiones cometidas por el Estado mexicano, independientemente de los gobiernos en turno”.
Agregó que la criminalización y estigmatización corresponden a “mecanismos autoritarios que distorsionan para silenciar a quienes denuncian violencia e injusticia”.
Señaló que el discurso estigmatizante y criminalizante de López Obrador resulta preocupante porque además “se replica en todos los niveles de gobierno”, situación que “constituye un mecanismo distractor ante la incapacidad de responder a la violencia contra la prensa y resolver la crisis de derechos humanos”, ignorando “sus efectos en la vida de las víctimas, en la sociedad, y contribuye a la desconfianza de las instituciones”.
Pese a los ataques, Artículo 19 reiteró su compromiso:
“defender la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas”, como lo han hecho desde que llegó a México, “manteniendo un contexto de exigencia en aras de construir un Estado democrático de derecho”.
