El presidente del partido revolucionario institucional, Isidoro Armendáriz García, culpó a las administraciones surgidas del Partido Acción Nacional (PAN) de la actual problemática social que vive Aguascalientes, esto como consecuencia de “la negligencia, la omisión y el descuido” por parte de dichas administraciones.
Armendáriz García aplaudió el trabajo realizado por el congreso del estado y en particular el de los legisladores priístas, dijo que “obraron con responsabilidad” al denunciar las irregularidades de las cuentas públicas. Mencionó que “los legisladores no son jueces”, por lo que los castigos a los funcionarios responsables de los presuntos desvíos de recursos tendrán que darse y hacerse en las instancias correspondientes.
Declaró además que no se trata de un asunto político como
posiblemente podrán argumentar los gobernantes y servidores públicos
del PAN, pero que la realidad que demuestran los expedientes de la
Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, demuestran claros
hechos de corrupción.
En la misma rueda de prensa el diputado local por el PRI, Fernando
Palomino Topete fue cuestionado sobre si los casi mil millones de pesos
en observaciones al gobierno del estado no eran motivo para rechazarle
la cuenta , a lo que el legislador contestó argumentando que casi el 80
por ciento de los recursos de los que fueron objeto de observaciones el
gobierno del estado, fueron administrados por tres organismos
descentralizados y que en este caso ellos son los que tienen la
responsabilidad del manejo de los recursos, estos tres organismos son:
El Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes (IVEA), el
Instituto de Salud del Estado (ISEA) y el Instituto de Educación de
Aguascalientes (IEA).
Aclaró Palomino Topete que estos organismos manejan aproximadamente
el 70 por ciento del presupuesto del estado y “son responsable directos
los titulares” de cada una de las dependencias antes señaladas al igual
que en los presuntos desvíos hechos en la administración municipal del
segundo semestre de 2007, el responsable directo es Martín Orozco
Sandoval, por ser el titular del ayuntamiento. Además dejo en manos de
la contraloría las investigaciones para que se pueda castigar a los
responsables.
El diputado priísta reiteró que el Congreso no es un órgano
sancionador, sino un poder público que fiscaliza y hace las
observaciones, y dar parte a la contraloría, la cual deberá proceder de
oficio para que en su caso finque las sanciones administrativas
correspondientes que podrían ser la separación de cargo, devolución de
recursos o hasta denuncias de carácter penal cuando así proceda.
Por ultimo Fernando Palomino señaló que no hay un plazo que la ley
señale para que se den resultados en las investigaciones y que la ley
sobre la cual se esta trabajando en este caso data de hace 27 años pero
que “no operaria” una reforma a dicha ley para agilizar la entrega de
resultados.
